El candidato republicano desconfía de que Gore se rinda ante las dos derrotas judiciales

Compareciendo ante sus compatriotas delante de un decorado navideño, George Bush se declaró anoche "muy satisfecho" por las dos decisiones judiciales que despejan su camino hacia la Casa Blanca. Pero, cuando los periodistas le preguntaron sobre el asunto, no quiso sumarse a los llamamientos de Dick Cheney y Colin Powell, los puntales de su futuro Gobierno, para que Al Gore acepte su derrota. "Sé que ésa es una decisión muy difícil para él y que la adoptará cuando considere que eso es lo mejor para la nación", declaró Bush.

"Creo", dijo Bush, "que he ganado estas elecciones. Gané el primer escrutinio, luego el segundo escrutinio y también el tercer escrutinio". Así lo interpretó también el juez de Tallahassee Sanders Sauls, al rechazar la impugnación de los resultados que le solicitaba Gore. Pero el líder republicano no quiso anoche hacer sangre y se negó a expresar gran euforia o solicitarle a su rival que vuelva a hacer lo que hizo en la madrugada del 8 de noviembre, para desdecirse al poco: telefonear a Austin, la capital de Tejas, y arrojar la toalla. Bush podía permitirse la magnanimidad, porque Gore estaba anoche contra las cuerdas.

El Supremo de EE UU y, sobre todo, el juez Sauls habían asestado pullazos muy severos a la cruzada del todavía vicepresidente demócrata. Pullazos que llegaron cuando Gore ya luchaba contra el reloj, la fatiga de la opinión pública y la condición de ganador oficial que detenta Bush desde el primer momento.

Gore celebrará hoy una reunión con los líderes demócratas del Congreso para evaluar la situación. Éstos le animaban anoche a agotar los cartuchos que todavía tiene en reserva. El más evidente es la apelación presentada anoche ante el Supremo de Florida contra el veredicto del juez Sauls. Ese organismo, de hegemonía demócrata, es sensible a los argumentos de Gore, como demostró el 21 de noviembre al obligar a la secretaria de Estado de Florida, Katherine Harris, a dar validez a los escrutinios manuales.

Pero numerosos expertos legales creían anoche que va a ser difícil que Gore logre probar ante el Supremo de Florida que la sentencia de Sauls no es correcta. Y sobre todo, cuando el máximo organismo judicial de ese Estado meridional recibió ayer el claro mensaje de sus colegas del Supremo de EE UU de que deben andarse con cuidado.

Así que si el Supremo ratifica en los próximos días la decisión de Sauls, la única baza que le queda a Gore es la de dos demandas de particulares en los condados de Seminole y Martin. Si los jueces aceptan la petición de invalidar unos 25.000 votos por correo, por presuntas irregularidades, Bush podría perder hasta 5.000 sufragios, lo que colocaría a su rival por delante en Florida.

Las querellas (que se dirimirán entre finales de esta semana y mediados de la otra) alegan que los republicanos "violaron la ley al alterar miles de solicitudes de sufragios por correo". El partido de Bush no niega que lo hiciera con el consentimiento de los supervisores de elecciones.

Antes de las elecciones, ambas juntas electorales habían desechado miles de solicitudes de papeletas por correo, hechas por republicanos y demócratas, porque carecían del requisito principal: el número de identificación del votante. Cuando el Partido Republicano se dio cuenta pidió a las autoridades electorales que les dejara modificarlas. En el caso de Seminole completaron los datos de identificación de unos 6.000 votantes republicanos, tarea que hicieron en el propio edificio de la junta electoral.

En el condado de Martin, pudieron llevarles a casa las solicitudes y cambiarlas allí. La ley de Florida establece que "solamente el propio votante, uno de sus familiares o un apoderado autorizado por un notario" pueden cambiar datos en la papeleta. Una vez corregidas, las papeletas fueron enviadas de nuevo a los votantes republicanos.

Los republicanos han tratado infructuosamente de recusar a la juez que lleva el caso de Seminole, la demócrata Nikki Clark. Sostienen que Clark tiene prejuicios contra Jeb Bush, gobernador de Florida y hermano del candidato presidencial republicano, porque la denegó hace dos meses un ascenso. Clark, una afromaericana de 48 años, se ha negado a recusarse.