El Tribunal de Cuentas denuncia la opacidad de donativos y proveedores en las últimas elecciones

La auditoría sobre los más de 5.000 millones de pesetas gastados por los partidos en las últimas elecciones generales revela que decenas de empresas que trabajaron como proveedoras de las distintas formaciones políticas han incumplido su obligación de informar al Tribunal de Cuentas sobre los servicios prestados y las facturas que lo justifican. Además, los auditores públicos recuerdan que algunos partidos, como el PP, incumplieron la norma que prohíbe contratar publicidad en televisiones locales por ondas terrestres, por lo que entiende que ese gasto no es subvencionable.

El Tribunal de Cuentas ha descubierto diversas anomalías al fiscalizar la contabilidad electoral de los partidos que concurrieron a los comicios generales del pasado 12 de marzo. El informe apunta entre las irregularidades descubiertas que las aportaciones privadas que recibieron algunas formaciones no están suficientemente acreditadas con todos los requisitos de identificación (nombre, DNI y domicilio). En una campaña de más de 5.000 millones de pesetas en gastos, los donativos privados reconocidos por los partidos sólo suman 25 millones. Formaciones como el PSOE, PNV, o CiU no declaran ningún donativo privado, mientras que el PP los cifra en 14 millones; el PSC, en seis; IU, en 1,3; y el Partido de Independientes de Lanzarote, en 3,5.

El Tribunal de Cuentas se muestra incapaz de fiscalizar otros aspectos importantes de los partidos en la campaña electoral, como son los gastos. Decenas de proveedores han incumplido su deber de informar a los auditores públicos de los servicios facturados a los partidos cuando superan el millón.

Esa opacidad de los proveedores impide conocer al Tribunal de Cuentas si se trata de facturas reales o han sido inventadas o infladas por los partidos para justificar unos gastos que nunca existieron o tuvieron un coste ínfimo, lo que constituiría un donativo en especie. El Tribunal de Cuentas reclama que se regulen y armonicen las aportaciones privadas y que se establezca un adecuado régimen sancionador ante las infracciones de la ley electoral, tanto de los partidos como a los proveedores. El informe desmenuza los gastos de la campaña partido por partido, cuyo análisis se ofrece a continuación:

- Partido Popular. Es una de las pocas formaciones que cifra las aportaciones privadas de personas físicas o jurídicas para su campaña (14,4 millones), en la que gastó 2.688 millones. Es el partido con mayor número de proveedores que no han cumplido con su obligación de informar al Tribunal de Cuentas de los servicios prestados. Nada menos que 27 empresas han ignorado tal deber por un importe de 62,6 millones. El PP, según la auditoría, violó la prohibición de contratar publicidad en una televisión local por ondas terrestres, por lo que se entiende que tal gasto no es subvencionable.

- PSOE. Dedicó 2.240 millones a la pugna por la Presidencia del Gobierno. Seis de sus proveedores no han rendido información al Tribunal de Cuentas por un monto de 9,7 millones. El PSC gastó unos 400 millones. Seis proveedores no informaron, por un monto de 37 millones. Al igual que IU, dejó sin satisfacer con la cuenta electoral diversas facturas, en este caso, por 79 millones.

- Izquierda Unida. Consumió alrededor de 1.000 millones en la campaña. El Tribunal le reprocha que las aportaciones de personas físicas (cerca de un millón) están sólo parcialmente identificadas; que el uso de un número significativo de cuentas de enlace entre la contabilidad del partido y la contabilidad electoral "dificulta las tareas de comprobación" y que se ha incumplido la norma de que todo gasto electoral se abone con las cuentas electorales, ya que, tras la rendición de la contabilidad, quedaban pendientes de pago 169 millones que habrían de ser abonadas desde la tesorería del partido. Además 13 proveedores omitieron el preceptivo informe al Tribunal por valor de 91,4 millones. La única sanción que impone el Tribunal de Cuentas es que se le reduzca la subvención en 35.000 pesetas.

- CIU. Desembolsó unos 450 millones. Superó en cerca de un millón el nivel legal de gastos, y un proveedor no informó por un monto similar.

- PNV. No pidió créditos y el partido aportó 143 de los 184 millones gastados. Sólo dos quejas: pagó fuera de plazo 63 millones, y dos proveedores no informaron por valor de ocho millones.