El Gobierno amparó desde el principio el 'caso Sogecable'

adrid Con el indulto aprobado ayer, el Consejo de Ministros intenta enterrar un asunto que germinó y creció amparado por el Gobierno, hasta que se le pudrió. El caso Sogecable se produjo en un momento en que el primer Gobierno del PP, llegado a La Moncloa con una cortísima ventaja electoral sobre sus adversarios socialistas, trataba de crear una fortaleza mediática afín y doblegar a los medios que, desde su perspectiva, suponían un obstáculo para su mantenimiento y consolidación en el poder.

Poco antes de que fuera presentada en el juzgado la denuncia de Jaime Campmany, el entonces portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, comentaba en tono ufano en su despacho de La Moncloa que en breve plazo Jesús de Polanco y Juan Luis Cebrián iban a ir a la cárcel porque existía un dictamen muy fundamentado sobre irregularidades cometidas en Canal Plus. Ése y otros comentarios, realizados por una de las personas de máxima confianza, entonces, del presidente del Gobierno y en un tono que no era de preocupación sino de complacencia, reflejaba el grado de amparo político para una ofensiva que tuvo, también, una canalización judicial.En un libro que acaba de ser publicado, Garzón. El hombre que veía amanecer, de Pilar Urbano, el juez Baltasar Garzón recuerda que durante un almuerzo en Abc, en enero de 1997, Luis María Anson dijo "con gran seguridad" que la acusación de que había un delito de apropiación indebida de las fianzas de los abonados de Canal Plus "se basa en un informe encargado por el secretario de Estado de Fomento a los economistas Gerardo Ortega y Ramón Tamames y al jurista Rafael Pérez Escolar". Anson dijo que lo tenía, y luego les entregó dos sobres al abogado Antonio García Trevijano y al juez Joaquín Navarro, también asistentes a la cena. Ese informe sirvió para construir la denuncia que presentó un mes después Jaime Campmany, en una fecha que garantizaba la adjudicación del caso al juez Javier Gómez de Liaño, cuya actual esposa, la fiscal María Dolores Márquez de Prado, es hermana de la mujer de un hijo de Campmany.

En marzo de 1997, informado por García Trevijano de los pasos que Gómez de Liaño iba a dar, y que le parecían planeados entre ambos, el juez Joaquín Navarro comentó alarmado delante de Garzón que por lo que ambos le iban diciendo, "más que un caso judicial con trasfondo político parece una causa política a la que quieren darle patente judicial, que es muy distinto".

Letrado del PP

Cuando varios directivos de Sogecable presentaron querella contra Gómez de Liaño por prevaricación, la reacción del juez desautorizado por la Audiencia Nacional tuvo un nuevo ribete político: eligió como uno de los letrados de su defensa a un jurista integrante del partido gubernamental, Jorge Trías Sagnier, entonces diputado nacional del PP.En Garzón. El hombre que veía amanecer, Urbano deja constancia de que "el fiscal Gordillo se ufanaba ante algunos colegas de que su postura representaba lo que el Gobierno de Aznar quería en el tema Sogecable. Por el vicepresidente [Francisco] Álvarez Cascos supo una semana antes que iban a cesar al fiscal general, [Juan Cesáreo] Ortiz Úrculo. Es más, que Úrculo caía por no plegarse al Gobierno en lo de Sogecable. De ahí que Gordillo se atreviera a desafiar a su máximo jefe, desoyendo su instrucción verbal y escrita de 'oponerse a cualquier medida cautelar contra los directivos de Canal Plus, porque no hay indicios de delito".

El Ministerio de Justicia inició a mediados del pasado mes de marzo los trámites para indultar a Gómez de Liaño cuando habían pasado cinco meses desde la condena que se le había impuesto, de 15 años de inhabilitación especial. Cuando el Gobierno pidió opinión, no vinculante, al Tribunal Supremo, el teniente fiscal José María Luzón informó a favor de la concesión de la medida de gracia por "el tiempo transcurrido de inhabilitación" -a esos efectos, 654 días de una pena que debía terminar el 14 de junio de 2013- y por "el clamor popular favorable" al indulto. El clamor consistió en 540 telegramas y 650 cartas enviadas al Ministerio de Justicia, según informó El Mundo el pasado 14 de abril.

Incluso el pago de la multa impuesta a Gómez de Liaño -540.000 pesetas- tuvo también, y de forma destacada, un trasfondo político. El entonces coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, promovió una colecta para recaudar el importe que debía abonar el juez expulsado de la carrera judicial. Una iniciativa que produjo desconcierto, cuando no enojo, en los militantes y dirigentes de IU que no veían motivo para solidarizarse con un juez prevaricador.