Ángeles Montes recupera la fiscalía de delitos ecológicos, desmantelada hace más de un año

La fiscal jefe del País Vasco, María Ángeles Montes, ha vuelto a crear una fiscalía de delitos ecológicos, que se encargará específicamente de estos asuntos. Montes desmanteló hace más de un año este servicio, por lo que los asuntos medioambientales eran llevados indistintamente por los fiscales del alto tribunal. "Es una simple cuestión de organización, como se ha hecho con otras áreas", explicó ayer un portavoz de la Fiscalía vasca. Los grupos ecologistas han acogido positivamente esta decisión, aunque lamentan la falta de continuidad en esta labor.

Mayor continuidad

La Fiscalía vasca de delitos ecológicos empezó a funcionar a principios de la década y en la comunidad autónoma llegó a contar con dos fiscales en Vizcaya y otro en Guipúzcoa, aunque sin dedicación exclusiva, ya que se ocupaban también de otros asuntos penales. En los últimos años había dejado sus funciones uno de los dos fiscales de Vizcaya y, a mediados de 1999, la entonces fiscal jefe en funciones del Superior decidió que no existiese un órgano destinado específicamente a los delitos medioambientales y que se repartiera este trabajo entre los distintos fiscales.Entonces se justificó la medida por cuestiones de organización interna, aunque fuentes judiciales veían como razón última el reducido número de asuntos relacionados con el medio ambiente que llega a los tribunales vascos. A mediados de este mes, María Ángeles Montes -quien ocupa el cargo de fiscal jefe de manera oficial desde el 30 de junio- decidió que uno de sus subordinados, Álvaro Delgado, se encargue específicamente de los delitos medioambientales, labor que compaginará con otras materias.

"Es por un reparto de trabajo. Se trata de una simple cuestión de organización, como se ha hecho con otras áreas. Se ha vuelto al sistema de especialización que había antes", señalaron ayer fuentes de la Fiscalía. Los mismos medios rechazaron cualquier otro tipo de motivación, pese a que hace un año se decidió desmantelar este servicio específico. "Estamos pendientes de concursos de traslados, está también la ley del Menor. Es una decisión por varias causas", añadieron.

Los grupos ecologistas han valorado que se retorne al sistema de fiscales especializados, aunque sea con una dedicación parcial, "porque es la mejor manera de llevar los asuntos medioambientales. No es lo mismo que alguien se encargue de estos temas a que la vayan cayendo a cada fiscal según le corresponda, porque ésta es una manera de que se archiven con mayor rapidez", afirman.

Pese a ello, lamentaron la escasa continuidad en esta labor de los fiscales, lo que dificulta la correcta tramitación de los casos. "Tiene que ser gente ya especializada". Los fiscales vascos que se han encargado de estas materias coinciden en la necesidad de contar con agentes judiciales que persigan el delito ecológico y una mayor coordinación institucional. "Es un delito que siempre es de muy difícil demostración", han señalado, al tiempo que reclaman peritos cualificados técnicamente, como biólogos, naturalistas o químicos, que realizarían funciones similares a los forenses.El reducido número de asuntos también supone la ausencia de estadísticas de referencia, puesto que en las memorias judiciales anuales se clasifican junto a otros delitos. Las diputaciones y el Gobierno vasco se han remitido siempre a la Fiscalía, por lo que los únicos datos fiables proceden de la Ertzaintza, que realiza labores de policía judicial. Durante 1998, la policía autonómica tramitó un total de 43 denuncias, de las que ocho correspondieron a vertidos tóxicos a los ríos. El resto de los casos fueron de diversa índole, generalmente de menor importancia: desde emisiones a la atmósfera hasta el depósito de basuras en escombreras incontroladas.

Las resoluciones judiciales suele ser, casi siempre, absolutorias y se demoran varios años. El último ejemplo está en el accidente que ocurrió en 1994 en Barakaldo, en la empresa química de Rontealde, el más graves siniestro ecológico en Euskadi. Una emisión tóxica incontrolada causó la muerte de un vecino de la localidad que tenía problemas respiratorios y, por primera vez en España, tres directivos están acusados de un delito ecológico con resultado de muerte. Sin embargo, la fecha de la vista oral aún no se ha fijado, pese a que el juez dictó el procesamiento de los directivos hace más de tres años.