Fomento justificó la prórroga de dos peajes de Aumar con datos de tráfico estimados y no reales

El Ministerio de Fomento recurrió a criterios distintos en un mismo expediente para conceder a Aumar 13 años más de explotación de la autopista Sevilla-Cádiz (A-4), única vía de pago de la comunidad andaluza sin autovía alternativa gratuita, y de la A-7 (Tarragona-Valencia-Alicante). Así se desprende de documentos remitidos por Fomento a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que tramita la demanda de la Diputación de Cádiz contra el acuerdo del Consejo de Ministros, adoptado el 31 de octubre de 1997.

Tras el acuerdo del Consejo de Ministros, la explotación de la A-4 y de la A-7 se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2019. Pero los cálculos en los que se basó esa decisión no eran cifras reales de tráfico, sino en parte estimaciones que no correspondían a la realidad. De haberse considerado las reales, habrían desaconsejado una prórroga tan amplia, según sostiene la Diputación. Para justificar la prórroga sedebían tenerse en cuenta, por una parte, los costes financieros de la deuda y la evolución de los gastos de explotación, y por otra, la evolución prevista del tráfico.

Con objeto de determinar la hipótesis de los costes financieros de la deuda y la evolución de los gastos de explotación y las inversiones, Fomento recurrió a los datos cerrados de los años anteriores, lo que el ministerio denomina "secuencias históricas". En cambio, para calcular la evolución del tráfico y los ingresos para 1997, cambió de criterio y se basó en "previsiones", según explica Diego Torres, abogado de la Diputación, lo cual beneficiaba a la concesionaria.

Los cálculos se hicieron de acuerdo con "las previsiones" y sin tener en cuenta los datos ya cerrados sobre la evolución del número de vehículos que utilizaron la carretera de pago y de los ingresos de la compañía concesionaria a 31 de diciembre de 1996.

Ello significa que el ministerio ha hecho "una mera estimación" de lo que iba a suceder en los tres últimos meses del año, sin valorar el efecto de la congelación de tarifas desde marzo. La congelación de tarifas ha provocado en las autopistas un importante incremento del tráfico y, por tanto, de los ingresos de la concesionaria. De haberse tenido en cuenta los datos reales de tráfico, el tiempo de prórroga para compensar el descenso del precio del peaje habría sido menor.

Requisito incumplido

Además la Diputación denuncia otra anomalía: entre los documentos remitidos por Fomento al Tribunal Supremo existen notificaciones e informes que demuestran que el expediente sobre la prórroga de estos peajes que se incluyó en el orden del día del Consejo de Ministros del 31 de diciembre estaba incompleto. La Ley de Autopistas obliga a que las modificaciones de la concesión vayan precedidas de un informe preceptivo del Ministerio de Economía y Hacienda. El consejo se convocó el 29 de octubre incluyendo el punto que afectaba Aumar. Sin embargo, la petición del informe preceptivo no entró en el registro de Economía y Hacienda hasta el día siguiente. Lo más llamativo es que ese mismo día, el 30, el subsecretario de Economía y Hacienda, Fernando Díez Moreno, contestó a Fomento que su departamento informaba "favorablemente" la prórroga.

La respuesta de Economía no está "ni motivada, ni argumentada, ni fundamentada como obliga la ley", explica Torres, que lo ha denunciado en el proceso judicial que está en curso.

El abogado considera "muy llamativa" la celeridad y "escaso" el rigor con que se da luz verde a la prórroga.