Gil tacha de traidor al interventor tras la fiscalización, que eleva a 64.000 millones los gastos sin justificar

El informe provisional del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y las empresas municipales entre los años 1990 y 1999 eleva a 64.000 millones los gastos públicos sin justificar por el equipo de gobierno de Jesús Gil, una cifra bastante superior a la que se barajaba en principio. "Gil tratará de descargar la responsabilidad en el interventor y el secretario municipal", advirtió ayer la portavoz municipal socialista, Isabel García Marcos, después de conocer el documento. Gil negó que pretenda utilizar a los dos funcionarios como "cabezas de turco", pero acusó de "traidor" al interventor.

La concejal socialista afirmó que los gastos sin justificar "son muy superiores" a la cantidad detectada por el máximo órgano fiscalizador, ya que habría que añadir el montante que no figura en la contabilidad municipal. García Marcos explicó que tanto el interventor como el secretario han sido apartados de sus responsabilidades, e "invitados amablemente" a no aparecer por el Ayuntamiento mientras el regidor marbellí se plantea su destitución, "mediante baja por enfermedad para el interventor, Juan Antonio Castro y jubilación anticipada para el secretario Leopoldo Barrantes". Esta afirmación fue tachada de " mentira" por Jesús Gil en declaraciones a este periódico. El alcalde calificó de "hombre de total confianza" a Barrantes, mientras acusaba a Castro de "traidor" y "confidente de García Marcos". Gil reprochó al interventor "cambiar el montante de la deuda municipal por presiones del juez Santiago Torres y el fiscal Anticorrupción", y reconoció que el funcionario se encuentra de baja "desde hace dos o tres días" por enfermedad. Según publicó ayer el diario Sur, el informe provisional del Tribunal de Cuentas eleva a 64.000 millones de pesetas los gastos públicos del municipio de Marbella sin justificar. Los inspectores destacan la transferencia de 31.839 millones de pesetas sin justificar en 25 de las 31 sociedades municipales creadas por Gil. Además entre los años 1992 y 1999 el Ayuntamiento asumió deudas de estas empresas por valor de 7.901 millones de pesetas, cantidad de la que el 86 por ciento está también sin justificar. Los concejales del Gil tampoco han podido justificar 442 millones de pesetas que recibieron del consistorio y de las empresas públicas; la deuda municipal se incrementó en un 505% en 1997; y existen además 21 cuentas corrientes a nombre del municipio que no estaban reflejadas en la contabilidad municipal. Los auditores critican la actuación del secretario y el interventor, por no advertir de algunas actuaciones ilegales del GIL. El pleno del Tribunal de Cuentas debe decidir hoy sobre la admisión o no a trámite de las alegaciones presentadas por Gil.

El alcalde insistió ayer en que su grupo ha contestado "puntualmente a cada una de las líneas del informe". Gil señaló en un comunicado que la cifra de 64.000 millones está duplicada, recordó que el documento "no es definitivo", y confiaba en que antes de final de año el Tribunal de Cuentas dictamine a su favor.

No comparten esta opinión PSOE, PP y PA, que piden su dimisión inmediata. García Marcos sostiene que un volumen importante de pagos se realizó en metálico para evitar su rastreo y que el informe definitivo del Tribunal de Cuentas seguirá la misma línea que el anteproyecto, ya que a su juicio las alegaciones del equipo de gobierno "son intentos groseros de encubrimiento, injustificables y carentes de contenido".