PSE e IU quieren reprobar la gestión del presidente del consorcio vizcaíno de aguas

La problemática del consorcio vizcaíno de aguas llegará hoy al pleno municipal de Bilbao. Los grupos del PSE e IU pedirán que se repruebe la gestión de su presidente, el también concejal de Hacienda, Iñaki Etxebarria. Ambos partidos han presentado una moción que censura la doble retribución salarial de Etxebarria, la falta de un convenio colectivo, el alza de las tarifas del agua en un 6,5% o la creación de dos empresas.

Primero fue el reproche del comité de empresa, que acusó al PNV, partido que domina esta entidad, de pretender la privatización del Consorcio Bilbao-Bizkaia a través de la creación de dos nuevas empresas. El comité consiguió incluso que todos los partidos, salvo PNV y EA, apoyasen en el pleno del pasado octubre una moción para reprobar la gestión de Etxebarria y pedir la paralización de las empresas creadas. Pero el alcalde, Iñaki Azkuna, en una decisión inhabitual, decidió retirarlas.Luego saltó a la luz pública que el presidente del consorcio percibía desde hace un año dos retribuciones públicas: una como concejal de Hacienda, con un sueldo de 8,7 millones anuales, y otra en su calidad de presidente, que le reporta 3,5 millones. La semana pasada se celebró la asamblea general de la entidad que abastece de agua al 90% de la población vizcaína, en un tumultuoso ambiente con protestas de los trabajadores y el anuncio de Etxebarria de que, a partir de diciembre, sólo cobrará como presidente del consorcio un sueldo de 12,3 millones anuales.

La situación del Consorcio Bilbao-Bizkaia, tras el frustrado intento de octubre, llegará hoy al pleno. PSE e IU han decidido presentar una moción conjunta en la que plantean la "reprobación de los responsables ejecutivos del consorcio".

Ambos partidos califican la doble retribución de Iñaki Etxebarria como "evidentes anormalidades en las percepciones económicas devengadas por la presidencia", califican la política tarifaria de "inexplicable" por la congelación de las tasas durante el presente año "y al año siguiente se propone una desproporcionada subida del 6,5%". La propuesta incide en la "ausencia de un proyecto empresarial", la desigual representación de los municipios en la asamblea, la ausencia de alternativas a las actuales fuentes de abastecimiento y la creación de dos empresas para "intervenir en el mercado del agua", las cuales "se escapan del control de los municipios".