La Junta destinará 6.000 millones para centros locales de atención social

Asuntos Sociales dedicará 6.000 millones de pesetas procedentes de fondos europeos a la creación de una red local de infraestructuras para atender al ciudadano. También está previsto aprobar un decreto para traspasar las competencias de los servicios sociales a los ayuntamientos, un proceso que los alcaldes reclaman con insistencia y que creen que va demasiado "lento". Cuando se produzca, la Consejería "evaluará e inspeccionará" los servicios que se presten en pueblos y ciudades.

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, se reunió ayer con los responsables de este área de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidida por José Moratalla, para ir avanzando en "los proyectos de colaboración dentro del pacto local". Saldaña les trasladó la intención de la Junta de transferir progresivamente las competencias de su cartera a los ayuntamientos, una antigua reivindicación de los alcaldes, que quieren gestionar sus presupuestos y no estar pendientes cada año de los convenios con la Junta a partir de los cuales se establecen las cuantías para estas políticas. Antonio Souvirón, alcalde de Vélez Málaga y presidente de la comisión de Asuntos Sociales en la FAMP, se quejó de lo "lento" que va el traspaso de competencias y exigió "más recursos para los municipios".

Saldaña informó también a los alcaldes de que Asuntos Sociales destinará en seis años 6.000 millones de pesetas procedentes de fondos europeos para crear una red de infraestructuras en los pueblos donde se dé atención al ciudadano. Souvirón opinó ayer que esta medida es necesaria porque "la prestación de estos servicios debe hacerse en centros adecuados y no en los propios Ayuntamientos". Saldaña coincide con los alcaldes en que son las corporaciones locales las que mejor pueden prestar estos servicios -ya lo vienen haciendo- "por su cercanía al ciudadano". El cometido de los ayuntamientos en este capítulo será la adopción de políticas tendentes a la "creación de empleo e infraestructuras", dijo el consejero.

La comisión de Asuntos Sociales de la FAMP aprobó hace algo más de un mes un plan de trabajo con cinco grandes puntos que ayer le dieron a conocer a Saldaña: la primera de estas "líneas estratégicas" sería la consolidación y desarrollo de los derechos sociales para todos los ciudadanos andaluces, con independencia del número de habitantes del pueblo donde vivan; integrar las medidas de protección social en actuaciones de desarrollo económico y de empleo; desde el punto de vista urbanístico, piden que en los planes de ordenación urbana se tenga en cuenta el impacto social, "para que no se creen barrios marginales y para que los ciudadanos disfruten de una mejor calidad de vida en los pueblos y ciudades"; proponen además que los ayuntamientos impulsen una conducta ciudadana que se apoye en valores solidarios, a través de campañas "en los colegios, asociaciones vecinales"; y como quinta medida se plantean elevar la calidad de los servicios que se están prestando. "No hacer más cosas, sino mejor hechas", explicó Souvirón.

Para desarrollar estas líneas de actuación mandarán una carta a todos los alcaldes "para que formen grupos de trabajo desde los que se aporten sugerencias".

Pero tras la reunión de ayer con Saldaña, Souvirón insistió en que lo prioritario es que los ayuntamientos comiencen a gestionar los servicios sociales "a los que ya destinan cerca de un 60% del presupuesto total", cuando se estableció que las corporaciones locales sólo aportarían el 33% a este capítulo. "Esto va lento, que las transferencias se hagan ya", pidió.