La Administración demócrata bloquea el intento de Bush de arrancar el proceso de transición
Por mucho que George W. Bush se declare ganador de las elecciones presidenciales, el candidato republicano y gobernador de Tejas no podrá utilizar las oficinas ni los 5,3 millones de dólares (1.045 millones de pesetas) que la Administración estadounidense entrega por ley a los presidentes electos para facilitarles el proceso de transición. Aunque la Casa Blanca insiste en su disposición a "ayudar al sucesor", el desorden jurídico-electoral actual permite al Gobierno de Bill Clinton ignorar los esfuerzos de Bush por solemnizar su eventual victoria con el boato de un proceso oficial de traspaso de poder.
Clinton anunció ayer la creación de un denominado Comité de Coordinación de la Transición, pero limitó su trabajo a lo que genéricamente denominó "cuestiones personales" del presidente electo, sea cual sea. También aseguró que la Administración de Servicios Generales (GSA, la agencia federal que entiende de los fondos destinados para el traspaso de poder), ha actuado correctamente al negarse a facilitar fondos e instalaciones a Bush, pues no hay certeza de que la victoria sea suya. Clinton se acercó mucho a dar su apoyo a la actitud de Gore al decir que "cada voto debe ser contado".En su segundo intento por poner en marcha la transición, Bush ha vuelto a dejar en manos de su candidato a vicepresidente, Dick Cheney, los trabajos de preparación de su hipotética etapa presidencial. Cheney apareció anoche ante las cámaras de televisión para defender esta decisión y asegurar que los gastos que se deriven serán financiados mediante contribuciones privadas. "No siento frustración", dijo Cheney en referencia a la impugnación demócrata, "es un privilegio estar aquí y hay mucho trabajo por delante". El responsable del equipo de transición republicano aseguró que aún es no seguro cuando Bush estará en condiciones de nombrar y anunciar los principales secretarios (ministros), pero sí aseguró que el Gobierno podría estar abierto a personalidades de otros grupos políticos.
Para ayudar a Cheney en el intento de forzar los trabajos de transición y dar una imagen de equipo ganador, Bush ha puesto a su lado a otro antiguo colaborador de su padre, Andrew Card, quien fue secretario de Transportes y jefe de Gabinete durante la presidencia de Bush padre, cargos que parece destinado a retomar si el hijo llega a la Casa Blanca. Card posee experiencia en transiciones, pero en sentido contrario al que pretende ahora: dirigió el traspaso de poder de Bush a Clinton en 1992. Su nombramiento actual puede interpretarse como un gesto de venganza de la familia Bush hacia el Gobierno de Clinton-Gore.
"He pedido a Cheney", aseguró Bush en la madrugada del lunes cuando se proclamó vencedor en las elecciones presidenciales, "que trabaje con la Administración del presidente Clinton para poner en marcha una oficina de transición en Washington".
Si Bush quiere abrir esa oficina, tendrá que pagar él mismo el alquiler. Una ley de 1963 creó un fondo de 5,3 millones de dólares (1.045 millones de pesetas) y unas instalaciones que se ceden automáticamente al candidato que ha ganado las elecciones. Las oficinas, situadas en la Calle 18 de Washington, muy cerca de la Casa Blanca, ocupan dos pisos enteros en un edificio amplio; están equipadas con sistemas informáticos y preparadas para acoger hasta 540 trabajadores. Las llaves de los despachos -y el fondo de ayuda económica- están en manos de la GSA. Su portavoz, Beth Newburger, ya ha anunciado que las oficinas seguirán cerradas. "Hasta que no haya un ganador con certeza, no podemos hacer nada", dijo Newburger. "Dado que las dos partes están todavía en los tribunales, creemos que el resultado todavía es incierto", aseguró.
La agencia se ampara en el texto de la ley para guardarse las llaves y el dinero. El texto aprobado en 1963 incluye expresamente una indicación para casos como éste: prohíbe a la GSA transferir las instalaciones y el fondo "cuando las elecciones estén dudosas" y obliga a esperar a "un resultado claro". Este matiz se creó para evitar que la GSA pudiera inmiscuirse en un enfrentamiento como el que ahora está en marcha.
"Jugada política"
Un portavoz del equipo de Bush interpretó esto como una "jugada política" y aseguró que la mudanza a Washington seguiría en marcha aunque se le nieguen a Bush los despachos y las ayudas oficiales. El retraso provoca otro problema administrativo: el FBI tiene que investigar el pasado de los principales trabajadores contratados por la nueva Administración, que serán entre 3.000 y 6.000. A medida que se acerca la fecha de la toma de posesión del futuro presidente -el 20 de enero- se acortan las posibilidades para que la agencia de información de el visto bueno a muchos de los nuevos empleados; sin ésa validación, el Senado no puede ratificar los nombramientos de los altos cargos.Gore lo tiene mucho más fácil, porque basa su transición en personas que ya trabajan en el Gobierno y conocen los vericuetos del sistema, mientras que los republicanos empiezan casi desde cero.
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