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Se suspende la tercera feria Ibertoro al no autorizarse la tienta de vacas

Las dos ediciones pasadas acabaron con multas

Dos días después de su presentación... suspendido. El que iba a ser el III salón del toro bravo de Madrid, Ibertoro, a celebrar entre el 1 y el 6 de diciembre, se ha quedado en simple proyecto. La organización responsabiliza a la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, de la que dependen los asuntos taurinos, al no conceder autorización para el espectáculo programado de tienta de vacas.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se remite a la reglamentación: no hay reglamentación vigente sobre la tienta de vacas."No nos podemos arriesgar a una sanción", dice Jesús Olvear, presidente del comité organizador de Ibertoro. "La multa esta vez podría rondar entre 10 y 120 millones de pesetas". Los dos años anteriores, el salón concluyó con dos multas. En 1998, la sanción ascendió a 1.500.000 de pesetas que, tras ser recurrida, se quedó en 600.000. El año pasado, la cifra ascendió a 7.600.000. La multa está actualmente recurrida.

La polémica que ha perseguido a Ibertoro desde su comienzo ha tenido por origen la falta de reglamentación sobre la tienta de vacas. Actualmente, con la ley en la mano, convertir en espectáculo público a esta actividad propia de las labores del campo supone recurrir a la normativa sobre festejos taurinos o sobre suelta de reses. En cualquiera de los dos casos, se debe terminar con el sacrificio de las reses empleadas.

"El objeto de Ibertoro es enseñar al público aspectos de este mundo a los que normalmente no hay acceso. La tienta de vacas tiene por objeto elegir a las hembras más bravas. No tiene sentido matarlas", dijo en su momento Martín Peñato, presidente de la Asociación de Ganaderos de Lidia.

¿Por qué otros años, a pesar de estar en la misma situación, no se ha suspendido la convocatoria? La respuesta la ofrece Olvear: "Los otros dos años, la Comunidad no nos ha dicho ni sí ni no. Éste, sin embargo, nos ha comunicado expresamente que no hay autorización. La consecuencia es clara: ante un juez, nuestra postura sería indefendible. Además, con la amenaza de una multa así, 120 millones, no es para pensárselo". La consejería de Economía, otra vez, remite al texto legal. A pesar de todo, Olvear enseña un resquicio por el que asoma una mínima esperanza: "Que conste que nosotros tenemos todo preparado. Hasta el lunes hay plazo para llevar a cabo Ibertoro".

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