El Congreso aprueba 46.600 millones en ayudas a las víctimas del terrorismo

El Congreso aprobó ayer por unanimidad una ley por la que se concede un crédito extraordinario de 46.624 millones para indemnizar a las víctimas del terrorismo. El texto aprobado ayer cifra en 1.000 los fallecidos por la violencia de ETA o de los GRAPO que habrá que indemnizar y en 2.557 los heridos que serán resarcidos con cargo a dicho crédito. La ley fue aprobada en un pleno de la Cámara que fue acortado para que los diputados pudieran viajar por la tarde a Barcelona para manifestarse por el asesinato de Ernest Lluch.

El crédito de 46.624.357.971 pesetas está destinado a la atención de los gastos derivados de la ejecución de la ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Con ese dinero se cumple el compromiso del Estado de "asumir el pago de las indemnizaciones que le son debidas [a las víctimas] por los autores y demás responsables de los actos de terrorismo", según reza en la exposición de motivos del texto de la ley que remitió el Gobierno al Congreso.El Ejecutivo ya aprobó un proyecto de ley en el mismo sentido que remitió a las Cámaras. Pero la disolución de las Cortes sin que hubiese finalizado su tramitación hizo que su aprobación se demorase hasta esta legislatura. El Gobierno asume que con este dinero se pretende acelerar el resarcimiento al que tienen derecho las víctimas, ya que aunque las sentencias de los tribunales condenan a los terroristas a indemnizar a sus víctimas éstas rara vez llegan a ver una peseta procedente de sus verdugos.

El texto, aprobado ayer sin debate ni oposición alguna, prevé que el crédito, que será financiado con deuda pública, sea ampliable "en la medida en que resulte insuficiente" para atender a todas las víctimas habidas y por haber. De hecho, se reconoce que el cálculo del dinero es aproximado debido "a la dificultad apriorística de calcular el número total de beneficiarios".

No obstante, la Ley calcula que habrá que indemnizar a las familias de 1.000 fallecidos por actos terroristas, aunque la suma de muertos a manos de los GRAPO y ETA, según los datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), es de 914, a las que habría que sumar los 78 fallecidos del incendio del hotel Corona de Aragón. El Gobierno ha aceptado indemnizar a los afectados por este último siniestro a pesar de que sigue sin admitir que fuera un atentado terrorista. Igualmente se prevé el resarcimiento de 2.557 heridos, de los que 700 serían "nuevos lesionados". También se cuantifica en 77 las personas secuestradas a indemnizar, frente a los 87 (tres de ellos por los GRAPO) que calcula la AVT. ETA ha obtenido por estos secuestros casi 6.500 millones.