Pasión por la tierra

Las alarmas saltaron el 25 de octubre. Ese miércoles, un rotativo navarro informaba de que una promotora madrileña de centros comerciales, Promodeico, ofrecía precontratos de venta de suelo en Sarriguren, cerca de Pamplona, para levantar un centro comercial a razón de 310.000 pesetas el metro cuadrado. La noticia no hubiese tenido mayor trascendencia si no fuera porque los terrenos en cuestión son propiedad del Gobierno navarro y ni siquiera están fijadas las fórmulas de venta y el uso que tendrán.El caso de Promodeico es sólo el indicio más sorprendente de una serie de fortísimas tensiones a las que está siendo sometido en los últimos meses el crecimiento urbano de Pamplona. Las sospechas de tráfico de influencias y de manejo de información privilegiada para favorecer a ciertas iniciativas empresariales han obligado al propio Parlamento foral a tomar cartas en el asunto.

La propia junta directiva de la Federación de Asociaciones de Comerciantes de Navarra, que agrupa a los titulares de unos 9.000 establecimientos, considera que UPN está jugando a un monopoly real mientras impide que se regule por ley esta materia y Navara deje de ser la única comunidad autónoma sin una ley de comercio. "¿Hay alguna coincidencia en que el Gobierno tenga realizados los estudios técnicos para establecer cierto equilibrio en la distribución comercial y el que esos estudios estén guardados bajo secreto porque hay o había compromisos de otorgar licencias?", se preguntan los comerciantes.

La oposición no confía en el Gobierno de Miguel Sanz y se unió para exigir al Ejecutivo la elaboración de una ley foral de comercio que regule de una vez por todas un sector cuyas intromisiones multimillonarias pretenden condicionar el propio modelo urbanístico de la capital, sometido ahora, según reiteran la oposición y diversos ayuntamientos, al capricho del Gabinete regionalista. La oposición, con matices, quiere que el suelo comercial de Pamplona se venda por subasta para garantizar la transparencia y rentabilidad de las adjudicaciones. El Gobierno excluye esa figura y apuesta por los concursos.

Sarriguren es el punto que soportará el crecimiento de Pamplona. Enclavado al este de la ciudad, en el término municipal de Egüés, ha sido elegido para lo que UPN denomina una gran ecociudad con 4.211 nuevas viviendas. Sarriguren completará, junto a las colindantes Burlada, Huarte y Mendillorri, un área de influencia de casi 100.000 personas y contribuirá a aliviar el estrangulamiento de la oferta de vivienda protegida en Pamplona.

Antes de que el Gobierno foral impulsara ese proyecto, el Ayuntamiento de Burlada estudiaba la propuesta de una empresa navarra, Parque Ripagaina, para construir en el municipio una urbanización de 2.500 viviendas y un gran centro comercial muy cerca de Sarriguren.

Pero el Gobierno regionalista ha desbaratado esa idea, como hizo en su día con el intento de la corporación de Barañáin de acoger un centro comercial con presencia de El Corte Inglés. Si en este caso la alcaldía de Pamplona, también de UPN, apostó por promover un solar céntrico de la ciudad como gran superficie alternativa a Barañáin para atraer la atención de El Corte Inglés, en aquél, el Ejecutivo de Sanz desaconsejó el proyecto de Ripagaina y apostó por Sarriguren.

Y de nuevo han surgido los interrogantes. En Barañáin fue el sorprendente y nunca aclarado olvido de UPN de presentar listas propias al Ayuntamiento, tercer municipio de Navarra. En Sarriguren ha sido la decisión de introducir en el proyecto de ley que regula la enajenación de ese suelo público la figura de la permuta de terrenos, solicitada expresamente por los promotores privados de Ripagaina en Burlada, que plantearon al Gobierno un trueque de suelo para explotar el área comercial de la futura ecociudad.

Para acabar de complicarlo, el grupo inmobiliario riojano Riofisa ha propuesto al Gobierno, junto con una constructora navarra, una ambiciosa iniciativa de ocio y cultura para Sarriguren que obligaría a modificar el concepto mismo de ecociudad. Proclama una inversión de 50.000 millones y ocuparía 500.000 metros cuadrados. Riofisa mantiene acuerdos de investigación y formación con una fundación presidida por el arquitecto Alfonso Vegara, que diseño la ecociudad. Y no es la última oferta. El grupo Metrovacesa, especializado en la promoción de parques empresariales e inmuebles comerciales, no ha ocultado su deseo de instalarse en Sarriguren.

Bajo esta avalancha de propuestas persiste la imposibilidad de cumplir los planes de promoción pública de viviendas, sometidos a un aumento de un 22% en los costes de construcción. El propio Sanz reconoció implícitamente que los más de 3.000 millones que Promodeico pagó por el suelo de Ripagaina hace inviable promover vivienda social en la zona. Todo ello lleva a la oposición a concluir que la especulación privada está condicionando el desarrollo urbano de la capital.

Los ayuntamientos afectados están divididos porque consideran imprescindible vincular la construcción de viviendas en sus términos con la existencia de centros comerciales que generen ingresos permanentes a las economías locales. Y el Gobierno parece haber invertido los términos: dirige el planeamiento comercial propio del libre mercado y no logra impulsar la promoción de vivienda protegida.