Una sentencia del Supremo portugués provoca el archivo de miles de casos

La decisión del Tribunal Supremo portugués al fallar que el interrogatorio de un imputado ante el juez no interrumpe el plazo de prescripción del sumario provocará el archivo de centenares de casos, a los que deberán sumarse el carpetazo de más de 45.000 procesos en los últimos cinco años, entre ellos los más importantes sumarios de corrupción política y económica, debido a los retrasos de la justicia portuguesa. El director del Observatorio Permanente de la Justicia, el sociólogo Boaventura Sousa Santos, afirma que esta "mega amnistía no fue una casualidad" y responsabiliza de ella al poder legislativo, entre 1988 y 1995, por no haber articulado una clara reforma del Código Penal. Un magistrado del Supremo declara que "los jueces se han limitado a aplicar la ley y no son responsables de las ambigüedades u omisiones del Legislativo".

La crisis de la justicia portuguesa alcanza así cotas inimaginables. A las sucesivas amnistías decretadas y a las habituales prescripciones de sumarios, debidas a las lagunas y a la lentitud del sistema judicial, se suma ahora esta amnistía en la práctica, provocada por una clara omisión legislativa, fundamentalmente durante los años de los Gobiernos conservadores de Aníbal Cavaco Silva. Entre los casos de corrupción política y económica que serán archivados destacan los presuntos fraudes y desvíos de dinero del Fondo Social Europeo para la formación profesional (el denominado caso Partex) a la Caixa Económica Faialense o a la UGT.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha recibido desde principios de este año hasta el 31 de agosto 71 demandas contra el Estado, en su mayoría por la lentitud judicial. El Tribunal Europeo condenó a Portugal en ocho casos, mientras que en otros cinco alcanzó "acuerdos amigables" con los demandantes para evitar nuevas condenas.

Sousa Santos explicó al diario Público que "los responsables políticos entre 1988 y 1995 sabían muy bien las consecuencias del asunto cuando no reformaron el Código Penal. Basta verificar quiénes han sido los más beneficiados. Existe un alto nivel de impunidad, en particular contra los implicados, del poder político y económico".

Prueba de las deficiencias del sistema portugués es que la muerte, en extrañas circunstancias, del primer ministro Francisco Sá-Carneiro, el 4 de diciembre de 1980, haya pasado por siete comisiones de investigación en el Parlamento sin llegar a juzgarse en los tribunales.