Clima y política

Representantes de 160 países llevan reunidos desde el pasado lunes en La Haya, en el marco de la IV Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Su objetivo es concretar las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero cuya cuantía y distribución fueron decididas hace tres años en Kioto.El petróleo, el carbón y el gas natural representan, en conjunto, el 80% de la energía primaria consumida en el mundo, y su combustión, especialmente en la industria y el transporte, es la fuente principal del más significativo de estos gases, el dióxido de carbono o CO2. La actividad humana es, así, la responsable de un aumento del 50% de su presencia en la atmósfera desde mediados del siglo pasado, con una notable aceleración en las últimas décadas. El aumento de dicho gas dificulta la eliminación al espacio del calor generado por la radiación solar y contribuye, por tanto, al calentamiento global del planeta.

Lo que está menos claro es el mecanismo de reciclado natural del CO2 vertido a la atmósfera, la separación entre la variabilidad natural del clima y la inducida por su aumento y el grado en que éste afectará al complejo sistema de la biosfera. En todo caso, los expertos parecen cada vez más convencidos de que habrá un aumento de temperatura durante el siglo que viene, aunque sus modelos no les permiten afinar por el momento más que entre un mínimo de 1,5 grados y un máximo de 6, con consecuencias para el clima, la producción de alimentos y la salud que tampoco pueden cuantificarse, pero que pueden ser importantes.

La preocupación que vienen suscitando estas predicciones llevó a la firma en 1997 del Protocolo de Kioto, por el que los países desarrollados, principales contaminadores, debían reducir en el año 2010 sus emisiones en un 5,2% respecto de las registradas en 1990, con una distribución variable por países y regiones. No quedaban claras en ese momento las medidas a tomar, incluyendo el sistema de sanciones. La conferencia de La Haya debe cerrar ahora ese capítulo.

Desde Kioto se han definido esencialmente dos posturas. La primera, liderada por Estados Unidos, insiste en la necesidad de que países menos desarrollados pero con gran potencial de contaminación, como China, India o Brasil, limiten también sus emisiones, e intenta disminuir sus propios compromisos mediante el establecimiento de un mercado que autorice a comprar derechos de emisión a países menos desarrollados o mediante la toma en consideración de los bosques, que absorben CO2 de la atmósfera, como emisiones "negativas". El segundo punto de vista, que agrupa a la Unión Europea y a muchos países menos desarrollados, insiste en la necesidad de que sean los países más ricos, primeros responsables de un problema que afecta a todos, los que tomen la iniciativa para poder exigir que les sigan los más pobres. Además insisten en que es preciso acometer transformaciones reales en las políticas nacionales sobre energía y transporte y no diluir el problema pagando a otros países para seguir emitiendo en su nombre.

La posición europea es más decidida y puede contribuir más eficazmente al objetivo que se persigue. Pero conviene señalar que la puesta en marcha de políticas concretas de reducción de emisiones de CO2 no es un asunto baladí. Implica un uso más riguroso de la energía, seguramente un encarecimiento si se instrumentan ecotasas que disuadan de los abusos y que proporcionen fondos para fomentar la investigación en otras fuentes y para prevenir o paliar las consecuencias del calentamiento global. Y no es algo que afecte sólo a los Gobiernos: son los ciudadanos quienes tendrán que actuar en consecuencia. Hasta ahora, manifestar una voluntad ecologista servía para quedar bien y no exigía mayores compromisos, pero es seguro que en el futuro las buenas intenciones tendrán que ir acompañadas por hechos eficaces que supondrán, cuando menos, un cambio en nuestras costumbres.