La oposición pide conocer los vínculos entre Unió y los centros de formación

La oposición considera urgente que el Gobierno de la Generalitat clarifique la vinculación entre Unió Democràtica de Catalunya (UDC) y los centros de formación ocupacional. Así lo manifestaron ayer los socialistas, el PP, Iniciativa per Catalunya-Verds y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), después de saber que en 1997 fueron 102 academias administradas por militantes democristianos las beneficiadas de estas ayudas. ERC se refirió a una "trama clientelar" y el PSC volvió a reclamar una comisión de investigación.

Beneficio

A pesar de las críticas, la mayoría de los representantes de la oposición se mostraron cautos en sus respuestas, pues en su opinión el hecho de que militantes de Unió tengan centros no presupone ninguna irregularidad. Así, Josep Huguet, de Esquerra Republicana (ERC), afirmó: "Hay que distinguir entre el fraude en el uso irregular de los fondos y la distribución irregular de estos fondos, porque algunos centros puede que lo hayan hecho bien".En el mismo sentido se pronunció Joan Boada, parlamentario de Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V). "Es posible que no estemos ante un hecho ilegal, pero sí es moralmente reprobable. Tal como le dije a Duran Lleida en el Parlament, una parte de los fondos fueron a manos de gente de Unió o familiares", subrayó.

"Si de la información se desprende que algunos centros tuvieron más fácil acceso a las ayudas al estar administrados por gente de Unió, si hay indicios, habrá que investigarlos todos", señaló la parlamentaria del Partido Popular Alicia Sánchez Camacho.

Más duro se mostró Miquel Iceta, portavoz adjunto del grupo del Partit dels Socialistes-Ciutadans pel Canvi. "Ahora es más urgente que nunca que Jordi Pujol dé una explicación política sobre este tema y que se cree una comisión de investigación en el Parlament y se depuren responsabilidades", afirmó en declaraciones a este periódico.

Boada añadió que si este escándalo se hubiera dado en otro país de la Unión Europea, ya se habrían producido dimisiones en el Gobierno, y puso como ejemplo a Manuel Pimentel, ex ministro de Trabajo del PP, que dejó su cargo semanas antes de las elecciones generales de este año. Pimentel dimitió tras conocerse que la esposa del director general de Migraciones, Juan Aycart, era propietaria de una empresa de formación que obtuvo fondos públicos.

El parlamentario ecosocialista afirmó que, con toda probabilidad, muchos centros de formación ocupacional se crearon con el único motivo de beneficiarse de estas ayudas para formar desempleados y añadió que este escándalo ya no afecta sólo a Unió Democràtica, partido que ha presidido desde siempre el Departamento de Trabajo. "Esto afecta a todo el Gobierno, o sea, directamente a Jordi Pujol, que era conocedor de toda esta situación", declaró.Huguet también señaló que la información publicada ayer por este periódico evidencia que "tener carnet de Unió era una garantía para poder obtener una subvención". El parlamentario independentista agregó que la resolución de la Cámara catalana que obliga a la Intervención General del Departamento de Economía a auditar las academias vinculadas a partidos políticos "no afecta únicamente a Unió, sino que si aparecen otras instancias vinculadas a una financiación irregular, también tendrán que estudiarse".

Alicia Sánchez Camacho también se congratuló de la resolución del PP, aprobada con los votos de Convergència i Unió, por la que el Parlament reconoce que se cometieron irregularidades no sólo en la concesión, sino también en el control de estos fondos públicos.

Algunos responsables de centros de formación ocupacional no vinculados al partido democristiano manifestaron ayer a este periódico su "indignación" ante lo que consideran "un claro favoritismo hacia los centros de militantes de Unió". En este sentido, afirmaron que habría que conocer los índices de reinserción de los parados que recibieron formación académica en estos centros.