Los servicios, fuera de servicio
Los sistemas públicos de salud, de educación, de prestaciones sociales y de transportes no han sido eliminados por los gobernantes del Partido Popular, ni en España, ni en la Comunidad Valenciana. El radicalismo falsamente neoliberal a ultranza no ha llegado a tanto, o acaso no se atrevieron, en la medida que en nuestra cultura social y política, incluida la de los empresarios pedigüeños de favores y mercedes, les hacía frente.Han optado por favorecer su deterioro, camino que acorta el trayecto para su privatización más o menos encubierta o explícita. Se ha trasladado a los gastos de las familias el coste del mantenimiento de los servicios, vía impuestos siempre, y en todo caso, lo que resulta más cruel para el contribuyente para proporcionarse la satisfacción de sus necesidades. Repasen si no los gastos de las familias en salud, en educación, en transporte, en atención a las prestaciones sociales.
Algunos ejemplos facilitarán la comprensión de las afirmaciones precedentes. En salud, ante las listas de espera, la carencia de tratamientos coordinados por parte del sistema público, el recurso ordinario se dirige a las atenciones privadas, desde un embarazo a un intervención quirúrgica. Cierto que existe oferta pública, pero en condiciones que atormentan al paciente y esquilman la paciencia de los servidores públicos, agobiados por la carencia de medios humanos y técnicos. En educación, al deterioro de las instalaciones se une la carencia de los elementos de las nuevas tecnologías, y el progresivo deterioro de la función docente o investigadora; el recurso de las familias, con el sacrificio adicional de recursos escasos, es primero a completar la formación, y en segundo lugar la migración a los centros privados, por lo demás con frecuencia subvencionados por los poderes públicos, pero que en virtud de la libertad de enseñanza orientan al alumnado a la misma dirección que en el pasado no tan lejano. Las prestaciones sociales, con frecuencia ridículas en términos individuales, son asumidas por las familias, como una carga adicional, como en el caso de las minusvalías, o la vejez. En el transporte público, en especial en el urbano, la discriminación alcanza a la totalidad, desde el deterioro medioambiental de las ciudades por la vía de la contaminación del transporte privado, a la privación de externalidades para las empresas, y, por supuesto, en el nuevo sacrificio de las economías domésticas con costes crecientes de movilidad derivados del uso del automóvil privado.
No hacía falta suprimir el espacio de lo público, en estos pocos elementos que hemos considerado. Bastaba con propiciar, de modo directo o indirecto, su pésimo funcionamiento. Arrojando, además, sobre los operadores directos, los funcionarios o los empleados de las empresas públicas, el baldón de la incompetencia. Y estimular, a la vez, la deserción de la ciudadanía respecto de los bienes y servicios de uso público, de tal suerte que se produjera una escisión entre el ciudadano, el contribuyente y el usuario, evitando la lógica conexión entre los diferentes componentes de la ciudadanía. Estimular, en definitiva, el desentendimiento de lo público, como responsabilidad de otros, en ignorancia de derechos que son consustanciales a la democracia.
Tema este último que tiene que ver, también, con otro olvido, menos excusable, si cabe, de los responsables políticos. La pedagogía de la democracia, como sistema de valores, que incluye la responsabilidad cívica y la exigencia de su observancia. Junto a la desmemoria, o su correlato aun peor, el memoricidio voluntario, las viejas virtudes democráticas han dejado, si acaso lo fueron alguna vez, patrimonio del sistema educativo, de la formación de nuestros conciudadanos más jóvenes. Este olvido es tanto más irresponsable cuanto que afecta a los fundamentos mismos de las sociedades libres, lo que en Francia, por ejemplo, llaman la ética de los valores republicanos, que nadie cuestiona y todos aprenden como garantía básica de la convivencia en libertad.
El recorrido a la inversa está asegurado. Si pasamos de súbditos a ciudadanos, y de ciudadanos a contribuyentes y usuarios y consumidores, podemos, de afianzar a estos falsos neoliberales, volver a las andadas, y convertirnos de nuevo en súbditos dóciles a las órdenes de cualquier tómbola, en parias usuarios de servicios decrépitos, marginales y excluyentes. Esto es, en usuarios de unos servicios públicos que pagamos, y cuyos responsables políticos, del Partido Popular, vapulean y desprecian por igual a sus operarios y a sus clientes.
Desde una oposición rigurosa, útil a la sociedad, denunciaremos primero, propondremos siempre alternativas, como estamos haciendo, y desde el gobierno de las instituciones pondremos fin a estas políticas de exclusión y marginación a que se nos quiere reducir. Con las gentes, como siempre..., que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Y desde la experiencia de gobierno, desde el aprendizaje de los propios errores, y desde luego a partir del conocimiento real, inmediato, de los problemas derivados de una política de desmovilización de la ciudadanía.
Ricard Pérez Casado es diputado socialista por Valencia, y miembro del Comité Federal del PSOE.
