Falsificaciones de firmas de alumnos y gastos millonarios en fotocopias

El informe de la Intervención de la Generalitat revela irregularidades que la Generalitat conocía desde 1998, año en que efectuó una auditoría del funcionamiento de los centros de Pallerols en 1996. "El Gobierno catalán conocía ya buena parte de estas irregularidades y no actuó en ningún sentido", afirmó ayer Josep María Rañe, diputado socialista.Los informes exponen que los tres centros de formación de Pallerols eran franquicias de su central en Andorra, CEI, a la que compraban los cursos y el material didáctico detrayendo de las subvenciones hasta un 41% del total. Los análisis de la contabilidad demuestran que se inflaban los gastos. Por ejemplo, se consigna una factura de 217 millones de pesetas en fotocopias durante un solo ejercicio.

Los auditores certifican que la calidad de la gestión administrativa era deficiente y la experiencia docente no respondía a la realidad.

Lo más sorpendente del informe se refiere a los alumnos. Muchos de los que constan como tales afirman que nunca recibieron los cursos de formación y otros figuran con una asistencia muy superior a la que realmente tuvieron. Y algunos profesores de cursos constaban como alumnos en otros centros del grupo.

"Incluso hay rectificaciones de firmas [hechas] con corrector líquido", además de "firmas diferentes de un mismo alumno", sefún escriben los interventores en su informe. Los alumnos encuestados por los auditores no sólo desconocen los cursos que supuestamente han realizado, sino también los centros.

Los auditores subrayan que sólo han comprobado las identidades de los alumnos por la técnica de muestreo y que, "dado el elevado número de irregularidades detectadas", conviene que el Departamento de Trabajo verifique la asistencia de alumnos de todos los cursos.

Pero los datos pueden ser falsos. Según una denuncia judicial presentada en abril de 1997 por un administrador de los centros de Pallerols que estaba enfrentado al empresario, alguien del Departamento de Trabajo franqueó la entrada en los registros informáticos de la Generalitat a empleados de Pallerols, quienes en una especie de "operación Watergate" que tuvo lugar el día de Sant Jordi (festivo en Cataluña) falsificaron 30.000 firmas e introdujeron 3.000 documentos.

El informe de la Intervención no se refiere a este hecho y en sus conclusiones aconseja que, aprovechando la condición de actor civil en el proceso abierto contra Fidel Pallerols en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, el Gobierno catalán proceda a reclamarle daños y perjuicios.