Denuncia contra el delegado de la Zona Franca gaditana por publicidad engañosa

,El empresario marítimo Juan Mariño denunció el martes ante el juzgado de guardia al delegado especial del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro (PP), por la supuesta comisión de los delitos de publicidad engañosa, malversación y apropiación indebida de fondos públicos.

Mariño denuncia ante el juez que la Zona Franca ha publicado en medios de comunicación provinciales y regionales una página publicitaria en la que informa que, durante 1997, el movimiento de mercancías agrícolas que "pasaron por sus silos" superó el millón de toneladas. En cambio, según hace constar en su denuncia el empresario, la memoria de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sólo refleja un movimiento de 605.136 toneladas, a las que, según Mariño, también hay que restarles las 90.000 del azúcar, que no están sometidas a operaciones fiscales específicas sino que se trata de "una simple posición exportadora cualquiera, y que es realizada por aquellas instalaciones debido a la carencia endémica de tinglados en el puerto comercial de Cádiz".

El delegado de la Zona Franca explicó ayer que el área de explotación y aduana del Consorcio recoge un movimiento 1,09 millones de toneladas durante ese año y achaca el desfase de cifras a que "el resto de las mercancías que no computa la Autoridad Portuaria, entra por tierra y son consideradas terrestres".

La denuncia detalla cómo en el mismo anuncio se refleja que la publicación del mismo está cofinanciada por el consorcio de la Zona Franca y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). A juicio de Mariño, director en Cádiz de la empresa marítima MDT, la publicidad engañosa se ha usado, "presuntamente, para el autobombo y la promoción personal" del delegado, "de sus partidos, de los gestores, funcionarios y de los políticos presentes en el consorcio de la Zona Franca de Cádiz". Como entiende que esa circunstancia "se repite con asombrosa frecuencia", añade en su denuncia los supuestos delitos de malversación y apropiación indebida.

Mariño considera que la información de la Zona Franca es una "presunta manipulación ciudadana por vía institucional", ya que en el consorcio están presentes "otros destacados funcionarios públicos" como los delegados de la Agencia Tributaria y de Hacienda, de cuyo ministerio depende el recinto fiscal.

Igualmente, cuestiona que los 3.196 millones de pesetas de los fondos de reindustrialización se utilicen para la construcción de tres edificios (...) de oficinas y aparcamientos". Rodríguez de Castro sostiene, por otra parte, que los fondos que se emplean para la construcción de los edificios de oficinas proceden del Feder y no de los de reindustrialización.