La campaña se cierra sin debate sobre la pena de muerte o las armas

Como en cualquier elección europea, las pensiones, la sanidad, la educación y los impuestos han acaparado la atención de los electores en la campaña electoral estadounidense más reñida de las últimas cuatro décadas. Ausentes de la misma han estado, sin embargo, los temas que más apasionan a la opinión pública europea: la pena de muerte, la tenencia de armas, la financiación de las campañas electorales y la política exterior.

El hecho de que Tejas haya ejecutado a 144 condenados a muerte en los seis años de gobierno estatal del candidato presidencial republicano parecería, desde la óptica europea, una buena munición para atacar a George W. Bush. Sin embargo, Al Gore no ha utilizado la artillería a su alcance sencillamente porque es tan partidario de la pena capital como su oponente. El candidato demócrata, como afirmó en el primer debate de la campaña, considera que la pena de muerte constituye "un elemento disuasorio" para los criminales. Ambos candidatos responden con sus posiciones a la tendencia mayoritaria vigente en un país donde el 68% de la población se declara firme partidaria de la pena de muerte, a pesar de que, en una reciente encuesta, sólo el 1% de los jefes de policía consultados creía en la teoría de la disuasión. En la actualidad, la pena capital se aplica en 38 de los 50 Estados, mientras que se rechaza en los otros 12 y en el Distrito de Columbia.En el tema de la tenencia y venta de armas, defendida a ultranza por el tejano Bush -apoyado, entre otros lobbies poderosos, por la Asociación Nacional del Rifle-, Gore propone unos tibios controles, como un periodo de comprobación de la identidad del comprador y la instalación de claves en los seguros de las armas para que no puedan ser utilizadas por niños, no sin antes afirmar que sus propuestas no están dirigidas contra el derecho de los ciudadanos a portar armas, recogido en la segunda enmienda de la Constitución.

Los dos candidatos han pasado de puntillas sobre el tema de la financiación de las campañas electorales, que este año ha alcanzado la escandalosa cifra de los 3.000 millones de dólares (unos 600.000 millones de pesetas). La legislación federal sobre financiación de campañas es lo suficientemente poderosa como para permitir hacer realidad el viejo adagio de "quien hace la ley hace la trampa". La división de donaciones entre "dinero duro" (a la campaña del candidato, limitado a 1.000 dólares), y "dinero blando" (al partido para actividades generales, ilimitado), convierte en una caricatura las limitaciones impuestas en el primer caso. Incluso aunque Bush o Gore quisieran meterle mano a la financiación se encontrarían con la frontal oposición del Congreso, cuyos miembros, al ser elegidos por distritos unipersonales, necesitan de ese dinero blando para sus campañas.

En cuanto a la política exterior, simplemente ha brillado por su ausencia. Si no hubiera sido porque el moderador Jim Lehrer dedicó una buena parte del segundo debate presidencial a cuestiones exteriores, el mundo más allá de las fronteras no se hubiera tratado. Y si se trató en el debate fue porque coincidió con el atentado terrorista contra el destructor norteamericano Cole en Aden y porque ese día Clinton se reunía en Sharm el Sheij con Ehud Barak y Yasir Arafat. La explicación de esta ausencia se debe a que, tras el fin de la guerra fría y la desaparición de la URSS, el ciudadano medio no siente su seguridad amenazada como en el pasado. Esto no significa que ambos candidatos no mantengan posiciones perfectamente diferenciadas en temas exteriores en sus respectivos programas.

El único candidato que ha tratado los temas anteriores en profundidad, declarándose claramente en contra de la pena de muerte y la tenencia de armas y por la reforma de la financiación electoral es el representante de Los Verdes, Ralph Nader, cuya intención de voto oscilaba ayer entre el 3% y el 4%.