La Comisión Constitucional comienza a debatir hoy las enmiendas a la reforma de la Ley de Extranjería

La Comisión Constitucional del Congreso comienza hoy a debatir cada uno de los 66 artículos del proyecto de reforma de la Ley sobre los Derechos y las Libertades de los Extranjeros en España y las 358 enmiendas parciales presentadas. Una reforma auspiciada por el PP, que en la legislatura pasada, cuando no disponía de mayoría absoluta, se quedó solo en sus ataques a la ley que ahora quiere cambiar. De este examen, que posiblemente se prolongue hasta el miércoles, saldrá el texto que el pleno de la Cámara baja analizará, en principio, a partir del día 23.El Gobierno ha aceptado de todos los grupos, excepto de IU y parte del Mixto, sólo 59 de las 358 enmiendas. En concreto, el Ejecutivo ha ofrecido siete transaccionales y aceptado 21 de las 48 enmiendas planteadas por el PSOE. De las 35 de CiU, propone transaccionar ocho y aceptar cinco, y de las 22 de Coalición Canaria, nueve y tres, respectivamente, mientras que también ha aceptado dos de EA y una tanto del PNV como de Esquerra Republicana, la Chunta Aragonesista y el Partido Andalucista.

Entre las enmiendas pactadas destacan la de la educación infantil (hasta los seis años de edad), el reagrupamiento familiar, la consecución de la residencia permanente, los menores inmigrantes y la fijación del contingente de trabajadores extranjeros. No obstante, los grupos continúan presionando sobre las no aceptadas. CiU ha replanteado cuatro puntos fundamentales relativos a la concesión de visados, la regularización de los inmigrantes indocumentados, la participación de las comunidades autónomas en la política migratoria y la consideración del estatuto de asilado.

CiU insiste en dos objetivos: una mejor definición del Consejo Superior de Política Migratoria y la incorporación al texto legal de una medida contemplada en el Plan Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España (GRECO) sobre la articulación de acuerdos con las comunidades. Respecto a los derechos sociales, los nacionalistas catalanes ya dijeron en su día que la redacción anunciada por el Gobierno -reconocer estos derechos a todos los extranjeros, pero limitar su ejercicio a los residentes- significa sólo un avance formal, pero no en el contenido.

Desde la perspectiva socialista, según su portavoz Consuelo Rumí, se sigue trabajando en una nueva redacción respecto a los derechos sociales basada en documentos sobre los derechos humanos y en las legislaciones de otros países. Se trata de que el Ejecutivo entienda que "no se va a hacer nada en España que no se haga en otros países". El PSOE también confía en que el Gobierno no dé la espalda "a la realidad de las 50.000 personas que podrían quedarse fuera del proceso de regularización".

"La negociación está siendo compleja, pero hay un campo razonable para la esperanza y el acuerdo, que permita situar a España como un país de ejemplo que es capaz de acordar una política en materia de inmigración", afirmó ayer en León el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien insistió en que el Gobierno deberá respetar los derechos fundamentales a toda persona que esté en España y deberá dar ayudas a la integración y a los ayuntamientos afectados.