El Ivex exculpa al consejo y acusa a Tabares de conducta "desleal, irregular y perjudicial"

José María Tabares tuvo una conducta "desleal, irregular y perjudicial". En cambio, el consejo de administración actuó adecuadamente. El Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), en el recurso contra el archivo de su querella por un quebranto económico de más de 1.000 millones, carga contra su ex director general y sale en defensa de su máximo órgano de gobierno, que había sido severamente reprendido en el auto del juez por su actuación en el caso. El Ivex pide la continuación de las diligencias contra el ex directivo, a quien hace responsable del agujero económico.

La sociedad pública, responsable de la política exterior de la Generalitat, sostiene en el recurso de apelación, presentado el pasado viernes, que la operación aprobada en 1995 por el consejo de administración del Ivex (entonces Procova) "era un negocio perfectamente legítimo en el que el Ivex tenía interés en participar para prestar apoyo a una compañía tan emblemática en la Comunidad como Ford". La confianza depositada por la sociedad en Tabares explica, según el Ivex, que los órganos de gobierno no investigaran antes de su cese, a mediados de 1999, "el fraude que en la querella se denuncia". Según el recurso, Tabares, entonces subdirector del instituto, propueso al entonces director, Joan Mir, la participación del Ivex en la operación. A partir de entonces, el ejecutivo fue el encargado de gestionar las operaciones relacionadas con el contrato con Ford. "El señor Tabares tenía la cualificación necesaria y la plena confianza del director general y del consejo", subraya el texto.

También según esta versión, fue el ex directivo quien contactó con el empresario Jean Luc Lagier, propietario de las empresas con las que se pretendía generar los derechos de compensación para la multinacional del automóvil. Desde la firma del contrato, en julio de 1995, el Ivex compró productos a la sociedad tunecita Sonotube, de Lagier, y los vendió por el mismo precio a Apod, del mismo empresario. También asumió el instituto el compromiso de financiar los periodos comprendidos entre la compra a Sonotube y la venta a Apod, asegurando el riesgo financiero de estas operaciones. El Ivex recibía a cambio de su participación un 4,35% del importe de las facturas de compra.

El instituto considera ahora en su recurso que, a pesar de esta operatoria, la sociedad carece de cualquier documento acreditativo de las exportaciones entre las dos sociedades de Lagier. En el proceso seguido en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, Tabares aseguró que estos documentos estaban en poder del Arab Bank, una de las entidades financieras que participaron en la operación, pero ésta aseguró poco después que nunca vieron más documentos que las facturas.

En la narración de los hechos que hace el Ivex, en el que muestra su desacuerdo con el modo en que lo hizo el juzgado que más tarde archivó la querella contra Tabares, el consejo estableció en 200 millones de pesetas el límite de riesgo que el instituto podía asumir con este contrato. "Tabares hizo caso omiso y provocó una deuda superior a los 500 millones de pesetas en el Arab Bank", después de que el Banco Exterior de España (BEX) se retirara de la operación tras comprobar que la sociedad Apod no atendía el pago de las letras que el Ivex le pasaba al cobro desde principios de 1996. El documento en el que el ex directivo explicaba al Arab Bank toda la operación "no estaba en los archivos del Ivex".

La deuda generada en este banco a causa del impago por parte de las sociedades compradoras del Grupo Lagier fue refinanciándose mediante el descuento de nuevas facturas emitidas por Sonotube, que con el dinero que obtenía atendía y prorrogaba la deuda provocada por las compradoras, que ascendió a 534 millones de pesetas.

A la vista de estos impagos, Mir, todavía director del Ivex, ordenó a Tabares que sacara a la sociedad pública de la operación, "instrucciones que Tabares, dado su interés personal en el negocio, incumplió de forma absoluta".

En junio de 1997, según el relato del Ivex, Tabares aseguró al consejo que el contrato de Ford sería cedido a una empresa del Grupo Lagier, pero éste "nunca fue cedido a un tercero.

La sociedad que dirige Carmen de Miguel insiste en que Tabares sabía en el momento de otorgar los avales a las letras de cambio que éstas no se pagarían y que el Ivex, como avalista, tendría que responder al pago. El recurso sostiene que Jean Luc Lagier se embolsó más de 1.000 millones de pesetas mediante el descuento de las letras de cambio, que destinó a sufragar parte de la deuda con el Arab Bank.

Por todo ello, el Ivex concluye que sólo la actuación de Tabares es la causante del perjuicio a la sociedad y no "cualquier actuación u omisión del consejo".