Juicio al guardia civil que mató a la joven que se saltó un control de alcoholemia
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla juzgará a partir de mañana al brigada de la Guardia Civil Pedro J.M., que se enfrenta a una condena de entre dos y cuatro años de cárcel por el homicidio de la joven Miriam G.C., que recibió un disparo cuando el vehículo en el que viajaba se saltó un control de alcoholemia en la barriada de Bellavista (Sevilla).Los hechos se remontan a la madrugada del 10 de abril de 1999 cuando un Renault 9, en el que viajaban Beltrán S.P. y su novia Miriam G.C., se saltó un control de alcoholemia a gran velocidad, haciendo caso omiso de las señales acústicas y luminosas de los agentes de la Benemérita para que detuviera el coche, según el escrito de calificación del fiscal. Tras cuatro kilómetros de fuga, el vehículo de los jóvenes realizó una "brusca maniobra", se adentró por una vía de servicio, paró súbitamente y dio marcha atrás a gran velocidad, colisionando con una isleta de hormigón y alcanzando una farola. En ese momento, el vehículo de la Guardia Civil se dispuso a dar marcha atrás y el brigada Pedro J.M. efectuó un disparo que entró por la puerta trasera del vehículo. El proyectil colisionó con la estructura metálica del asiento donde viajaba Miriam G.C. y se deformó, desviándose de su trayectoria original, alcanzando a la joven en el brazo y llegando hasta el pulmón y el corazón, lo que le ocasionó la muerte de forma muy rápida.
El brigada Pedro J.M. ha asegurado en sus declaraciones judiciales que el disparo fue intimidatorio y dirigido a la rueda, y ha explicado además que no observó que la joven viajara en el coche, llegando a manifestar que usó el arma porque el vehículo estaba "poniendo en peligro" la vida de otras personas que circulaban por la vía.
Sin embargo, el fiscal sostiene que disparó "en una situación que no lo requería, faltando al cuidado que le era exigible en el ejercicio de su función pública, y faltando a las mínimas exigencias de oportunidad, adecuación y proporcionalidad". El fiscal imputa al agente un delito de homicidio imprudente, por el que solicita dos años de cárcel y 24 millones de pesetas de indemnización, mientras que la acusación particular eleva la petición a cuatro años de prisión, y solicita una indemnización de 70 millones.
