El Consell paraliza la política de personal de la Miguel Hernández y revisa la provisión de puestos

El Consell paralizó en diciembre de 1999 la política de personal no docente empleada por el equipo de gobierno de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde su creación en 1997 y en este momento revisa con lupa el documento de provisión de 225 puestos de trabajo enviado en junio al Consell (con tres años de retraso) para su aprobación. Las primera en tomar cartas en el asunto fue la ex directora de Universidades, Carmen Martorell, y el gabinete jurídico de la Generalitat, que pararalizaron tres concursos oposición a medida del gerente y de dos personas vinculadas a un vicerrector por "no adecuarse a la Ley de Función Pública" e instaron al rectorado a elaborar la relación de puestos "de obligado cumplimiento".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el 23 de junio y el 5 de julio de 1999 la convocatoria de un concurso oposición para el puesto de técnico superior de estudios y planificación y para dos de técnicos superiores de nivel A en la Universidad Miguel Hernández. La resolución adoptada en mayo por la comisión gestora buscaba consolidar el puesto del gerente Rafael Gandia, un ex empleado de banca que llegó a la gerencia sin ser funcionario de carrera recomendado por Unión Valenciana, en virtud de las cuotas de reparto del pacto que Zaplana asumió con los regionalistas en la pasada legislatura al no tener mayoría absoluta. También perseguía blindar las otras dos plazas, una de ellas para la ex mujer del vicerrector de Investigación, Jesús Pastor. Previo a la publicación del concurso, las tres personas "firmaron" su plaza, como consta en el registro general. El proceso, sin embargo, no se culminó debido a la intervención de la entonces directora general de Universidades, Carmen Martorell, que paró de golpe esta operación argumentando que "no se adecua a lo dispuesto en el decreto del 24 de marzo de 1999 del Gobierno Valenciano". Es decir, porque chocaba frontalmente con el texto refundido de la Ley de Función Pública de la Generalitat y el reglamento de provisión de puestos de trabajo de la Administración valenciana, como quedó recogido en dos escritos firmados por Martorell y dirigidos al presidente de la comisión gestora, Jesús Rodríguez Marín, en septiembre y octubre de ese mismo año. En esos escritos, la directora general además emplazaba a la comisión gestora a elaborar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), argumentando que "sólo la publicación de dicha relación ofrece la cobertura legal suficiente, tanto para la provisión de puestos de trabajo a través de convocatorias públicas como para la aprobación de la correspondiente oferta de empleo público".

La gestora encargó entonces dos informes jurídicos (uno interno y otro externo) para justificar la legalidad del procedimiento, amparándose en que se trataba de una institución de reciente creación, lo cual no es óbice para que no se cumpla la Ley de Función Pública, como ratificó Fernando Raya, jefe del Gabinete Jurídico de la Generalitat, en su informe del 22 de diciembre de 1999. El rectorado envió el expediente completo para su revisión a la Dirección General el 14 de enero del 2000 para que ésta lo remitiera al Consejo Jurídico Consultivo, que deberá pronunciarse al respecto.

Con todo, la insistencia de Martorell en la confección de la RPT -en los escritos remitidos a Rodríguez que paralizaron las citadas oposiciones- revela que la Administración empieza a tener serias dudas acerca de la legalidad de las contrataciones de más de un centenar de administrativos, técnicos, asesores y jefes de servicio (el 90% son interinos o están en comisión de servicios) hechas en los últimos tres años por la gestora sin concurso público o baremación, y teme que se caigan jurídicamente en cualquier momento, según revela el expediente al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El hecho de que el procedimiento de contrataciones no haya garantizado la igualdad y transparencia en el acceso a la función pública y la discrecionalidad en la contratación de 25 administrativos de nivel A (con un salario igual al de un catedrático) ha generado un clima de tensión que tuvo su máxima expresión en mayo cuando un grupo de catedráticos de reconocido prestigio transmitió por escrito la gravedad del caso, en una universidad donde el 75% de las áreas de conocimiento carecen de catedráticos.

El creciente clima de tensión en el seno de la Universidad y la presión del Consell forzaron a la gestora a elaborar en junio pasado la RPT y enviarla al actual director de Universidades, Salvador Forner. Sin embargo, el conocimiento de Forner de otro documento oficioso con los nombres asignados a cada puesto y la provisión de 15 funcionarios A y B (que figuran en dos plazas, en los denominados puestos colchón, para garantizar su perpetuidad ante un eventual cambio de rectorado, lo que supone un sobrecoste de 100 millones) han hecho que el Consell estudie en este momento con lupa su aprobación.