Pujol supo en septiembre que 9.000 millones de Trabajo fueron a centros ligados con Unió

Un militante de Unió que fue expulsado por emitir opiniones críticas con el partido denunció ante varios organismos de Bruselas y ante el propio presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que un total de 9.000 millones de subvenciones para la formación de parados recalaron en centros vinculados a dirigentes y militantes de Unió Democràtica. El economista Josep C. Vergés compiló lo que desde su punto de vista es "un signo de corrupción" y lo detalló ante la Olaf (Organismo de Lucha Antifraude), ante la dirección del Fondo Social Europeo (FSE) y ante Pujol en septiembre pasado.

El portavoz oficial de Unió para el caso de los fondos de ocupación, Jordi Casas, manifestó ayer que estas denuncias son irrelevantes "porque son las de un particular, en este caso un expulsado del partido, y quienes las reciban aclararán el interés que tienen o cuánto tienen de verdad". Casas reiteró que el bloqueo de fondos por unos 9.500 millones de ayudas de 1999 corresponde al total que Bruselas debía pagar a Cataluña y que "los fondos que se bloquearán son los que corresponden a los tres casos de centros investigados judicialmente, que son: el caso Méndez, el caso Pallerols y el caso Movilma". Para Casas, la coincidencia del importe que establece la denuncia de Vergés con el importe que Bruselas estudia bloquear "no significa nada".Antes de que se produjera la decisión de Bruselas de bloquear cautelarmente los fondos para Cataluña del FSE, Pujol y diversas autoridades de Bruselas recibieron una lista de centros relacionados con dirigentes y militantes de Unió Democràtica. La relación incorporada a modo de denuncia llegó a la Presidencia de la Generalitat -aunque ayer fuentes de la Administración catalana ni confirmaban ni desmentían este punto- y al director de la Olaf, Franz-Hermann Brünner. La misiva fue remitida el pasado mes de septiembre. El director general del Fondo Social Europeo en Bruselas, Lluís Riera, recibió una copia del escrito en una visita al Institut d'Estudis Catalans en Barcelona, en el que el economista Vergés ocupa un cargo relevante.

La denuncia de Vergés expone que de los 9.000 millones de subvenciones relacionables con Unió, otorgadas a lo largo de varios años, un total de 2.696 millones está relacionado con personas ligadas a Josep Antoni Duran Lleida, el principal líder del partido democristiano.

Entre las firmas receptoras, figuran: la Fundación Fecea, organizadora de viajes al extranjero de Duran (626 millones de ayudas a cursos de formación); el Centro de Estudios Ocupacionales de la Mujer (642 millones), que dirige Concepció Carrera, hermana de un diputado de UDC, y que pagaba un salario a una cuñada de Duran mientras trabajaba en el partido. También aparece Acción 90 (130 millones), que depende de Maria Pau Giménez-Salinas, hermana de la magistrada Esther Giménez-Salinas, elegida a propuesta de Unió como vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Otro capítulo de la denuncia se refiere a los receptores que se pueden relacionar con Josep Sánchez Llibre, secretario de organización de Unió Democràtica. Se trata de centros propiedad de antiguos socios suyos en actividades empresariales que ahora son empresarios de la formación de parados. Es el caso de Salvador Rovira (239 millones) y ex socio en la firma Consultores de Organizaciones Contables, y de Josep Górriz Aparicio (cerca de 500 millones en varios centros), que es socio de Sánchez Llibre en Building Catalunya y en la discoteca 759, según expone Vergés.

El denunciante vincula otro grupo de centros receptores de ayudas a la formación ocupacional con Ignasi Farreres, presidente de Unió y ex consejero de Trabajo y, por tanto, responsable del reparto de dichos fondos. Le vincula con los tres centros propiedad del empresario andorrano Fidel Pallerols (receptor de un total cercano a los 1.500 millones) y con los centros relacionados con dirigentes territoriales de Unió como Josep Enric Millo y Joan Vigatà, ambos de Girona, y Josep Descarrega, de Tarragona.