Franco afirma que los casos investigados son de la época de Farreres

Cuestionar los fondos

El actual consejero de Trabajo, Lluís Franco, responsabilizó ayer de forma implícita a su antecesor en el cargo, Ignasi Farreres, de cualquier irregularidad que pudiera haberse cometido en el reparto y gestión de los fondos de formación ocupacional. Franco afirmó ayer que el caso Pallerols y el caso Méndez, que han motivado el bloqueo por parte de la Unión Europea de 10.000 millones de pesetas, "son una cuestión de la legislatura anterior" y añadió que desde su acceso al cargo la actuación de su departamento en este caso ha estado siempre presidida por "el rigor y la transparencia". Incluso, cuando se le preguntó ayer si durante el mandato de Farreres la actitud de la Administración era la misma, el consejero respondió lacónicamente: "Imagino que también".Como ya reiteró ayer mismo el presidente de la Generalitat, Lluís Franco también se mostró partidario de que se asuman responsabilidades si al final, cuando la Generalitat conozca el "importe y los motivos" de la suspensión de los fondos, se demuestra que "alguna persona o entidad" ha hecho algún mal uso de estas ayudas de formación.

En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Trabajo, tanto Franco como Artur Mas, consejero de Economía y Finanzas, insistieron en que el Gobierno catalán todavía no ha recibido comunicación oficial alguna de la congelación de los fondos, por lo que les era difícil posicionarse sobre este asunto. En cualquier caso, los dos consejeros criticaron a la Comisión Europea por haber incrementado paulatinamente las cantidades bloqueadas y por informar antes de los hechos a los medios de comunicación que a la propia Administración afectada.

"Preguntaremos por qué no se nos envían a nosotros las resoluciones sobre este extremo, somos los primeros interesados en que este tema se clarifique lo antes posible", abundó el consejero de Trabajo.

Franco consideró desproporcionado que se cuestione tanto el uso de la totalidad de los fondos de formación ocupacional en Cataluña como la actuación de los 2.000 centros que imparten cursos ya que, en su opinión, el Gobierno catalán ha puesto en práctica los mecanismos de control y ha realizado auditorías.En la reunión del Consejo de Trabajo, Mas ha asegurado a los representantes de los sindicatos y de la patronal que la decisión de Bruselas no afectará a los presupuestos para el próximo año. Por su parte, los sindicatos pidieron a los dos consejeros que el Ejecutivo salga de la situación "autista" que ha mantenido hasta el momento y reconozca el "fracaso" del modelo de formación ocupacional y reclamaron un "modelo más transparente y cualificado". Los representantes sindicales eludieron concretar las pesonas que deben asumir responsabilidades por el presunto uso irregular de estos fondos de la Unión Europea.