Trabajo ha repartido fondos para formación de parados sin escuchar a empresas ni sindicatos

El Gobierno catalán ha otorgado en los últimos años decenas de miles de millones de pesetas para formación de parados sin definir criterios previos sobre lo que las empresas necesitaban. Hasta este año no ha cambiado el sistema de reparto: ya no son los centros de formación los que proponen qué cursos quieren hacer, sino que es la Generalitat la que les dice lo que se necesita para atender a lo que piden las empresas. Este año dará 25.000 millones de pesetas a los centros de formación de parados, 800 entidades entre academias privadas, ayuntamientos, fundaciones, sindicatos y patronales.

Lo que hasta ahora se tenía en cuenta a la hora de otorgar las subvenciones era cuántos alumnos habían encontrado empleo gracias a los cursos. El Departamento de Trabajo siempre ha dicho que el grado de inserción laboral de los centros subvencionados era alto.Pero la Generalitat ha dado un giro de 180 grados a su anterior política de reparto de fondos, que ha levantado sospechas de financiación a Unió Democràtica de Catalunya y ha provocado la suspensión de 10.136 millones de pesetas por parte de las autoridades comunitarias.

El director general de Empleo del Departamento de Trabajo, Xavier Casares, destacó ayer que este año se han tomado dos medidas que han cambiado el modelo de reparto de estos fondos: "Tener en cuenta lo que dicen los ayuntamientos, los sindicatos y las patronales de cada zona para decidir qué cursos se necesitan y hacer públicas las listas de lo que se precisa a través de anuncios en prensa". "De esta forma", añade, "todos los centros saben desde principios de año a qué cursos se da prioridad".

Casares, que llegó al cargo hace un año, cuando fue nombrado consejero de Trabajo Lluís Franco, evita críticas explícitas a los anteriores responsables del departamento encabezados por el ex consejero Ignasi Farreres. "Lo que hemos hecho", explica , "ha sido dar más transparencia a los cursos".

La mitad de los fondos que reparte la Generalitat para formar parados está financiada por la Comunidad Europea a través de programas del Fondo Social Europeo. La otra mitad está cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y la Comunidad Europea, también a través del Fondo Social Europeo. El Departamento de Trabajo destaca que durante el primer semestre del año ha distribuido 22.718 millones y han pasado por cursos de formación un total de 45.000 parados.

El Departamento de Trabajo tiene dados de alta 800 centros autorizados para impartir cursos de formación de parados. Pero este requisito no basta. Las academias necesitan un mínimo de 12 alumnos por curso para tener derecho a subvención. Si no reúnen este número de alumnos, no reciben ayudas. De ahí que algunos profesores de los centros del empresario andorrano Fidel Pallerols hayan denunciado que se falsificaron sus firmas como asistentes a cursos en Tarragona y Lleida, a los que nunca acudieron, con el objetivo de cobrar la ayuda. El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona investiga estas denuncias.

Casares destaca que no todos los centros que imparten cursos son privados. "La mayoría de las ayudas las han recibido ayuntamientos, diputaciones y consejos comarcales, que en el primer semestre del año han cobrado 6.100 millones de pesetas", explica. Otros centros de formación están a cargo de fundaciones, sindicatos, patronales, universidades y patronatos (véase el gráfico adjunto).

Los sindicatos recuerdan que han reclamado durante años que se tuviera en cuenta a los ayuntamientos, a las empresas y a ellos mismos en cada zona para otorgar las ayudas. El secretario de política institucional de UGT, Ciriaco Hidalgo, recuerda que ha reclamado durante años un cambio de modelo porque el actual era perverso, ya que no tenía en cuenta las verdaderas necesidades de cada zona.

La secretaria de empleo de CC OO, Angelina Puig, señala que su sindicato también reclamaba este cambio de modelo. El Departamento de Trabajo aún se reserva una nueva baza para mejorar la transparencia de los fondos: escuchar las propuestas del futuro Observatorio del Mercado de Trabajo, integrado por sindicatos y patronales.