PSE, PNV y PP acuerdan que la Carta Social conceda a los parados el 75% del salario mínimo

Los tres grupos mayoritarios en la Cámara vasca, PSE, PNV y PP - 51 diputados de 75- tienen en esta legislatura al menos un punto de coincidencia: que la renta universa que incorpore la Carta Social sea del 75% del Salario Mínimo Interprofesional. La ponencia que diseña la ley volvió a reunirse ayer, aunque sin llegar a un texto de consenso. Los partidos se han dado de plazo hasta el 8 de noviembre, para cerrar el informe y pasarlo a comisión. EA reiteró que desea el 85% del salario mínimo e IU, el 100%, al igual que EH, ausente de la Cámara desde el debate de política general.

Acuerdo menos en un punto

La Carta Social entra en su última fase. Llegó hace tres años al Parlamento como una iniciativa social respaldada por 83.000 firmas y, después de una tortuosa fase de debate en ponencia, está a punto de ser llevada a pleno. El PP se sumó ayer oficialmente a la enmienda del PSE que proponía que la renta universal se corresponda con el 75% del salario mínimo, una propuesta que ya había sido aceptada y asumida por el propio lehendakari y que el PNV hizo inmediatamente suya. El próximo día 8 los partidos volverán a reunirse y tienen la intención de cerrar ya el informe de la ponencia para iniciar, a renglón seguido, la segunda lectura del articulado.Una vez pasado el trámite y efectuadas las últimas correcciones, la Carta Social tendrá ya rango de proyecto de ley y pasará a ser debatida en la Comisión de Trabajo y Acción Social. En este órgano parlamentario el PNV cuenta con cinco votos, el PP con cuatro, EH y el PSE con tres, y EA e IU con uno. Es muy previsible, por tanto, que el acuerdo de ponencia no sea modificado y se traslade directamente al pleno de la Cámara para que se apruebe definitivamente y se ponga en marcha el salario universal para todos los desempleados.

Proyecto 'estrella'

Según explicó ayer la presidenta de la ponencia, Nekane Alzelai (EA) salvo en el punto de la renta universal, el resto de los asuntos están prácticamente consensuados. Incluso la posibilidad de que sean beneficiarios todos los mayores de 18 años, cubriendo el vacío que deja el Ingreso Mínimo de Inserción (50.000 pesetas), que puede cobrarse a partir de los 25 años. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es en la actualidad de 71.000 pesetas, con lo que los parados que se acojan a la renta universal cobrarían en torno a las 54.000 pesetas, algo más que el propio Ingreso Mínimo de Inserción. La futura ley de la Carta Social sustituirá a la actual ley contra la Exclusión Social aprobada en 1998. En estos momentos, más de 30.000 familias vascas tienen a todos sus miembros en paro, y más de 100.000 desempleados no cobran ningún subsidio, según el último informe sobre la pobreza en Euskadi.El portavoz del PP, Fernando Maura, propuso ayer que se actualicen los datos sobre pobreza en el País Vasco y se afine en la definición de umbral de pobreza, para conocer de primera mano las necesidades de los más desfavorecidos. Maura descartó que tras la realización de ese estudio se modifiquen las cantidades de la renta universal, pero cree que quizás en algunos casos se podrían paliar situaciones de pobreza con otro tipo de pagos en especie, como en educación. Los partidos estudiarán esta posibilidad para incluirla en la propia Carta Social, tras el porcentaje del SMI que se fije.

La presidenta de la ponencia, Nekane Alzelai hizo ayer un llamamiento a los parlamentarios de EH para que, en vez de proclamar sus demandas fuera del Parlamento, "vengan aquí a defender sus postulados". "Ellos nos piden que oigamos la voluntad de los vascos, y sin embargo ellos no son capaces de venir aquí al Parlamento a escuchar lo que dice la mayoría de ese pueblo", señaló Azelai sobre la decisión de EH de ausentarse de la Cámara tras el pasado debate sobre política general. EH considera la Carta Social un objetivo prioritario para esta legislatura. Ayer mismo, Joseba Permach reiteró en San Sebastián que, al igual que IU, quieren el 100% del SMI para todos los parados.Esta iniciativa popular puede convertirse en el proyecto estrella de la legislatura, a la vista de la situación de minoría que vive el Ejecutivo y que le va a impedir aprobar los presupuestos o sacar adelante los proyectos que forman parte de su calendario legislativo. Sin embargo, los partidos van a tener complicado rentabilizar este proyecto, ya que se trata de una iniciativa popular.