Los expertos señalan que la "cambiante forma europea" exige nuevas estructuras nacionales
Aunque ayer todavía era "demasiado pronto" para alcanzar conclusiones, sobre los expertos reunidos en Valencia para reflexionar sobre la Europa Policéntrica ya planeó la percepción inmediata de que en esta nueva realidad política superior y descentralizada, "los marcos estructurales ya no funcionan y hay que encontrar nuevas estructuras para la nueva situación". Los expertos esbozaron ideas en grupo sobre las formas constitucionales, el pago de la descentralización, la cultura (en su vertiente educativa y lingüística), la justicia y el medio ambiente.
Uno de los debates más complejos sobre la construcción de la Unión Europa (UE), según señaló Neil MacCormick, miembro del Parlamento europeo y catedrático de Derecho Público de la Universidad de Edimburgo, consiste en cómo transferir la soberanía de los distintos estados a la UE sin que ello deje de ser constitucional. "La Europa policéntrica nos ha descubierto que los estados, entendidos como entidades autosuficientes, no bastaban para la tarea que había que hacer", esbozó en la presentación de las primeras impresiones destacables de este evento organizado por The British Council y la Embajada Británica.MacCormick insistió en que la antigua concepción del Estado debe ser revisada porque con el fenómeno de la descentralización y la "cambiante forma europea", "los marcos estructurales ya no funcionan". "Hay que encontrar nuevas estructuras para la nueva situación", en la que no se trata de que las naciones se ajusten sino de que los distintos países se interrelacionen para superar las relaciones complejas que se les plantean.
En el transcurso de la jornada, que contó con la presencia del líder de los unionistas del Ulster, David Trimble, se abordaron asimismo temas relacionados con la financiación de la descentralización. El embajador permamente de España en el Consejo de Europa, Guillermo Kirkpatrick, destacó la necesidad de encontrar un modelo de financiación estable para las autonomías españolas, cuyo sistema, como había explicado el secretario de Estado de Administración Territorial, Gabriel Elorriaga, "nació vinculado al proceso democrático y responde más a un desarrollo político que a una lógica económica". Kirkpatrick también resumió los aspectos abordados en el grupo de trabajo de cultura, lengua y educación, en el que se entabló un debate sobre si una lengua constituye de por sí una identidad nacional, que se zanjó con la afirmación de que en Europa existen varias naciones que comparten lengua.
Respecto al medio ambiente, el director del Centro de Desertificación, José Luis Rubio, constató la heterogeneidad legislativa, ambiental y cultural europea, al tiempo que abundó en la necesidad de hacer directrices comunes para superar la distinta percepción y abordar problemas como la desertificación, que algunos participantes centroeuropeos descubrieron ayer que afecta a Europa.
"Una paradoja española"
El secretario de Estado de Administración Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas, Gabriel Elorriaga, apenas bosquejó su conferencia en el grupo de trabajo sobre el pago de la descentralización, debido a que el acto se solapaba con la comida por el retraso acumulado. Sin embargo, no se resistió a señalar "una paradoja española" que podía sorprender en el extranjero. Elorriaga señaló que en España las corporaciones locales tenían una larga tradición en la financiación y en la aplicación de impuestos, cuyo importe variaba de un pueblo a otro.Elorriaga señaló que mientras las corporaciones locales disponen tradicionalmente de diferentes medidas de presión fiscal, sin que ello acarree ningún problema más allá del costo electoral correspondiente, en las comunidades autónomas esta posibilidad se plantea casi siempre como una medida polémica. "Las comunidades van a tener que enfrentarse a ello en los próximos tiempos", advirtió.
Las palabras de Elorriaga chocan con las recientes declaraciones de su ministro, Jesús Posada, quien apuntó el caos tributario que generaría la cesión de capacidad normativa a los gobiernos regionales sobre ciertos impuestos.
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