Una empresa prestó 3,7 millones sin interés al edil de Urbanismo de Humanes

El concejal de Urbanismo y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Humanes, José Gómez González, del PSOE, recibió en octubre de 1998 un préstamo personalizado de 3,7 millones de Jalet, SA, una empresa contratada un año antes como gestora de la EMV. Gómez solicitó el dinero porque tenía una deuda con un banco y le iban a embargar la vivienda. Jalet no le cobró interés alguno, según consta en el contrato que firmaron. El concejal afirma que devolvió el dinero dos años después y que se vio obligado a acudir a la empresa porque su situación era "desesperada".

Empresa en ruina

La Ley de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas establece, en el artículo 14, lo siguiente: "El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el previo reconocimiento de compatibilidad". En virtud de esta disposición, el edil de Urbanismo de Humanes (8.756 habitantes) debería haber recibido el visto bueno del pleno municipal para obtener el préstamo de la empresa.Gómez firmó un contrato de préstamo con un representante de la empresa mercantil Jalet el 28 de octubre de 1998 sin consultarlo siquiera con el resto de la corporación municipal. Recibió 3,7 millones de esa empresa "mediante cheque nominativo", según consta en el documento contractual. Las condiciones de devolución del préstamo eran óptimas: "El préstamo no devengará, durante el plazo de amortización del mismo, interés alguno", según reza el documento.

El contrato de préstamo fijaba un plazo de 90 días para que Gómez devolviera el dinero. Lo incumplió: "Que por circunstancias personales de don José Gómez le es imposible atender al pago de dicho préstamo en la fecha de amortización pactada de 24 de enero de 1999, habiendo solicitado a Jalet el aplazamiento por otros 60 días...", según se lee en un segundo contrato firmado con la empresa. En éste, Jalet le concede un aplazamiento a su deudor de 60 días y en las mismas condiciones privilegiadas: sin la necesidad de pagar intereses.

Gómez necesitaba los 3,7 millones de forma imperiosa porque le iban a embargar el piso. Tenía una deuda con un banco que le prestó dinero para una empresa de su propiedad, dedicada a la producción y venta de muebles de latón. "Hacíamos cabeceros de camas, estanterías, mesas de centro,...", explicó el pasado jueves. Pero el negocio entró en números rojos a finales de la década de los ochenta. "Llegó la crisis económica, la escasez de dinero y la gente dejó de pagar por los muebles", argumenta.

Gómez aún no había saldado la deuda con el banco cuando su empresa se arruinó. En 1991, aún debía un millón y medio a la entidad financiera, según admitió el concejal.Pasaron siete años y el banco iba sumando intereses de demora a la cantidad adeudada: el millón y medio se convirtió así en 3,7 millones. "A mi casa nunca llegó un requerimiento de pago del banco", asegura Gómez. La sede social de su empresa estaba en un domicilio diferente al suyo. "La empresa desapareció y nunca me pasé por la sede para recoger el correo", agrega.

El caso es que el banco no cobró su deuda y ejecutó la garantía del préstamo. Gómez había dejado su piso como garantía del préstamo y el banco logró una orden de embargo de la vivienda para cobrar. "Me lo comunicaron", explica, "dos días antes de que se ejecutara".

El concejal acudió a la Caja de Madrid para obtener otro préstamo con el que saldar la deuda con el otro banco. Pero no se lo dieron. El edil se vio inmerso en una situación "desesperada". "Sólo tenía dos días para conseguir el dinero; si no, me embargaban y me dejaban en la calle. Tuve que buscar el dinero debajo de las piedras y no se me ocurrió otra salida que acudir a esta sociedad a pedirle un préstamo", reconoció.

El concejal afirma que todo se hizo con "transparencia", "documentado", "sin esconder nada". "Esto sólo nos pasa a los concejales que somos honrados porque si no lo hubiera sido, la deuda la habría saldado sin problemas", afirma.

Gómez logró evitar el embargo de su vivienda con el dinero de Jalet, empresa contratada en septiembre de 1997 para "la asistencia y gestión para la promoción de viviendas de protección oficial...", como consta en un contrato administrativo municipal. Este contrato está firmado por Gómez y por el mismo representante de la empresa que un año más tarde estampó su firma en el préstamo al edil.