El tribunal de la competencia italiano investiga a los consorcios que optaron a las licencias UMTS

La subasta de cinco licencias de teléfonos móviles de tercera generación (UMTS), que se cerró el lunes en Italia en medio de la polémica, ha tenido un epílogo judicial que se ha visto ampliado el fin de semana con la apertura de una investigación por parte del tribunal de la competencia italiano. La hipótesis que ha llevado a actuar al Garante de la Competencia, Giuseppe Tesauro, es un posible pacto secreto que habría podido falsear completamente la subasta. Tesauro ha ordenado actuar a la Guardia de Finanzas para que recabe información sobre los seis consorcios participantes, entre ellos el de Telefónica.

Disensiones internas

"No hay certeza ninguna", ha declarado Tesauro, "simplemente sentíamos el deber de verificar las sospechas". El resultado de la investigación no estará listo hasta junio del año próximo. Las sospechas sobre la conducta de Blu han partido del propio Ejecutivo italiano, de algunos portavoces del centro-izquierda, y de organizaciones de consumidores. Un hecho es evidente: el consorcio Blu se retiró de la subasta cuando apenas habían transcurrido dos jornadas de pujas y lo hizo sin atenerse a la normativa. Es decir, sin renunciar a hacer nuevas ofertas por tres veces consecutivas. De esta forma, los restantes cinco consorcios que aspiraban a una licencia de móvil UMTS la obtuvieron por un precio muchos más que ventajoso de lo previsto, que ha oscilado entre el máximo de 2.442 millones de euros (405.000 millones de pesetas) pagado por Omnitel (propiedad de la británica Vodafone) y el mínimo de 2.138 millones de euros (354.000 millones de pesetas) pagado por TIM (filial del ex monopolio de telefonía Telecom Italia). Los expertos en la materia consideran, no obstante, extremamente difícil de demostrar la existencia de colusión entre Blu y alguno de los consorcios participantes en la subasta para rebajar los precios.

Al contrario que en el caso de la investigación abierta el pasado martes por la Fiscalía de Roma, la Autoridad (antimonopolio italiana) no limitará su trabajo a analizar el comportamiento de Blu, cuarto gestor de telefonía móvil en Italia cuya prematura retirada de la subasta de UMTS, el lunes 23 de octubre, precipitó la polémica conclusión de la misma.

Los agentes de la Guardia de Finanza (policía financiera) que operan por cuenta de este organismo han pedido copia de toda la documentación de la puja a los seis consorcios que participaron en ella: TIM, Omnitel, Wind, Andala, Ipse 2000 (dirigido por Telefónica de España) y la propia Blu (Autostrade y British Telecom). Los cinco primeros obtuvieron otras tantas licencias a un precio global de 2,02 billones de pesetas. A esa cifra hay añadir unos 300.000 millones de pesetas que habrán de pagar las empresas que no contaban con licencias de móviles, es decir Ipse 2000 y Andala. El Gobierno de centro-izquierda, pese a acusar de irregularidades al consorcio Blu, dio por válida la subasta que quedó cerrada definitivamente el pasado viernes.

Las dos investigaciones discurrirán paralelamente durante un largo trayecto, de ahí que la fiscalía se haya ofrecido a colaborar con la Autoridad en todo lo necesario. La policía había registrado ya la sede de la presidencia del Gobierno, del Ministerio de Comunicaciones y del consorcio Blu, secuestrando toda la documentación relativa a la subasta, la semana pasada. Aunque el objetivo básico de la fiscalía es depurar las responsabilidades de Blu y comprobar si el Gobierno ha actuado correctamente dando por buena la subasta, ambas instancias coinciden en su interés por analizar el trasfondo de la crisis que se había ido gestando dentro de Blu, y en establecer el grado de conocimiento de la misma que tenía el Ejecutivo cuando se inició la subasta de móviles UMTS el 19 de octubre pasado.

Lo cierto es que las disensiones internas, sobre todo entre el principal accionista del consorcio, la italiana Autostrade que posee el 32% de las acciones de Blu, y British Telecom que cuenta con el 20%, no eran un secreto para el Gobierno italiano.Tanto el consejero delegado de Autostrade, Vito Gamberale, como el presidente de Blu, Giancarlo Elia Valori, habían advertido al ministro de las Comunicaciones, Salvatore Cardinale, y al propio primer ministro italiano, Giuliano Amato, en varias cartas, de la situación de inestabilidad financiera de la compañía. Los socios italianos de Blu (entre los que figura el propio Estado italiano a través de Italgas y la BNL) presionaron sin éxito a British Telecom para que asumiera un porcentaje mayoritario en Blu hasta la víspera del comienzo de la subasta. La compañía británica, que considera la pérdida de la licencia de UMTS italiana un fracaso de su estrategia internacional, se declaró dispuesta a aumentar su participación sólo hasta el 30%, mientras los italianos exigían que llegara al 50%. La disputa ha enfrentado directamente a la familia Benetton (que figura en Blu por partida doble, a través del holding familiar y de Autostrade) con el coloso británico de telecomunicaciones.