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Reportaje:

El pulso ambiental de los andaluces

El Instituto de Estudios Sociales Avanzados propone la creación de un 'Ecobarómetro'

¿Qué porcentaje de ciudadanos conoce la existencia de una Consejería de Medio Ambiente? En 1996 la mitad de los andaluces ignoraban que se hubiera creado este organismo, aunque el movimiento ecologista no salía mejor parado ya que sólo un 6 % de los encuestados fue capaz de nombrar tres organizaciones de este tipo. El estudio que entonces llevó a cabo el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA) revelaba, en el conjunto de la región, un notable grado de desconocimiento sobre las cuestiones ambientales. Apenas un 10 % de la población se declaraba entonces bastante o muy informada sobre esta materia. Lo más llamativo de aquel sondeo, explica Eduardo Moyano, vicedirector del IESA, "es que aparecía un elevado porcentaje de ciudadanos que no mostraban competencia para hablar de medio ambiente y, en el otro extremo, un sector muy sensible, con un elevado sentido crítico, que, sin embargo, no siempre encontraba la manera de traducir esta actitud positiva en comportamientos adecuados".

Al margen de su utilidad científica, este tipo de sondeos tienen un gran valor político, asegura Moyano, "porque sirven para reorientar los diferentes programas que ejecuta la administración, ya que es difícil gestionar con acierto cuando no se están valorando las repercusiones de una determinada actuación". Así se hace en numerosos países europeos, donde este tipo de estudios se llevan a cabo de forma periódica y de acuerdo a un mecanismo de sondeo homogéneo. De esta manera los resultados sirven para analizar la evolución que los diferentes parámetros sociológicos experimentan en el tiempo.

El IESA, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con sede en Córdoba, ha propuesto la creación en Andalucía de un instrumento de estas características, denominado Ecobarómetro. Se trataría de una encuesta anual a 1.500 andaluces, cifra que, según los especialistas, garantiza la validez y fiabilidad de los resultados. Con esta herramienta, precisa Moyano, "podríamos medir, de forma regular, la actitud, opinión y comportamiento de la población ante los temas ambientales".

La encuesta se realizaría sobre la base de una serie de indicadores que ya han sido probados en sondeos anteriores y que se vienen utilizando con regularidad en otros países. En un primer bloque se agruparían los indicadores que muestran el grado de información y conocimiento que los encuestados tienen sobre esta materia. Un segundo bloque estaría dedicado a la preocupación que manifiestan los ciudadanos sobre los problemas ambientales en comparación con otros asuntos de relevancia social, como el paro, la salud, la seguridad ciudadana o la enseñanza. El tercer bloque serviría para recoger la opinión sobre las diferentes políticas ambientales, así como las demandas y actitudes que los andaluces expresan con respecto a las mismas. Por último, se incluirían indicadores a propósito de los comportamientos individuales y colectivos.

La información recogida serviría para dividir a la población en distintos tipos, cada uno de ellos caracterizado por percibir de modo diferente los problemas ambientales. Esta fórmula permite obtener varios "públicos-objetivos", útiles a la hora de diseñar planes de comunicación. "No es lo mismo lanzar un determinado mensaje a un grupo social que está desinformado que orientarlo a un segmento que sí maneja información pero que no se comporta de manera favorable, o que es muy crítico. En definitiva, estos datos nos permiten afinar cualquier estrategia de comunicación, aumentando su efectividad", comenta Moyano.

Los cinco tipos de ciudadanos que se manejarían en el Ecobarómetro serían el cívico, el ritualista, el imitador, el rebelde y el no competente. El primero dispone de una elevada conciencia ambiental y un buen nivel de formación e información, se muestra dispuesto a participar en la resolución de los problemas y es crítico. El ritualista tiene conciencia ambiental pero le falta conocimiento e información. El imitador tiene una baja conciencia ambiental y si se comporta de manera favorable en este tipo de cuestiones es más por moda que por convencimiento. Para el rebelde no es posible conciliar la conservación del medio ambiente y el desarrollo socioeconómico por lo que se muestra contrario a cualquier acción proambiental. El no competente, por último, está excluido del debate público porque carece de información y formación en este y otros temas .

Comentarios y sugerencias a propósito de Crónica en verde pueden remitirse al e-mail: sandoval@arrakis.es

Sensibles, pero desinformados

La contaminación atmosférica y los incendios forestales y las cuestiones relacionadas con el medio urbano (basuras, ruido o tráfico) son los problemas ambientales mejor identificados por los andaluces. Así se deduce del amplio estudio sociológico encargado por la Consejería de Medio Ambiente al Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía, cuyas conclusiones se presentaron hace ya cuatro años. En el documento se destacaba también la mayor importancia dada por los ciudadanos a los problemas económicos sobre los medioambientales, a pesar de lo cual casi un 53 % de los 1.200 encuestados en toda la región opinaba que la protección de los recursos naturales es una condición indispensable para asegurar el desarrollo económico y más de un 60 % se mostraba contrario a la instalación de una fábrica contaminante aún cuando generara muchos puestos de trabajo.

Entre las distintas áreas relacionadas con la calidad de vida, los andaluces situaban en un primer nivel de importancia el empleo y la economía, la educación, la enseñanza y la salud. La protección del medio ambiente se colocaba en un segundo grupo, junto a otros elementos relevantes como la protección social, la vivienda o la seguridad ciudadana. Esta valoración es similar a la que se obtiene en otras comunidades.

Más de la mitad de los ciudadanos se consideraban deficientemente informados sobre los temas ambientales, hasta el punto de que un 48 % de los encuestados desconocían entonces la existencia de una Consejería de Medio Ambiente y un 14 % opinaba, incluso, que tal organismo no existía.

Administración, empresas, sindicatos y partidos políticos se percibían como agentes sociales poco implicados en la defensa del medio ambiente. Con los partidos políticos se manifestaba una mayor distancia entre lo que deberían hacer y lo que hacen.

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