Familiares de discapacitados psíquicos de Cádiz reclaman a la Junta más ayudas

Más de 1.000 personas participaron ayer en el I Encuentro de familias de personas con retraso mental y parálisis cerebral en Cádiz y que sirvió para que los colectivos que trabajan en este ámbito debatieran sobre sus problemas. El más apremiante es la incapacidad de los padres y de las organizaciones para atender a más de 500 personas sin subvención alguna. Los padres enviaron un mensaje perentorio a la Consejería de Asuntos Sociales para que amplíe el cupo de los convenios, que no se han modificado desde hace cuatro años.

"Queremos un futuro mejor para las personas con retraso mental en la provincia de Cádiz, y eso pasa por darle una mejor calidad de vida, y eso requiere que se aumenten los presupuestos que para ellos hay destinados", dijo ayer María Luisa Escribano, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas con Retraso Mental. Por el momento, Asuntos Sociales "mantiene abierta la puerta", según la expresión de Escribano.En la actualidad hay unas 500 personas que son atendidas sólo con los recursos privados de las familias y detrayendo parte de los que disponen las asociaciones, lo que merma los recursos de éstas. "Ayudamos a personas con retraso mental y no tenemos mas remedio que atender a éstas [las que carecen de ayudas], pero eso va a costa de la calidad de los demás y no queremos que sea así", añadió la presidenta regional del colectivo.

En la provincia de Cádiz hay unas 600 personas afectadas por algunas de estas minusvalías en centros ocupacionales y otras 200 en residencias de adultos. Además, hay otros cientos, no definidos, que son atendidos en centros concertados en los que se les presta otros servicios. "Para garantizarles la calidad de vida necesitamos rehabilitadores, residencias para cuando sus familiares faltan, una oferta deportiva, de ocio, de todo lo que un ciudadano normalizado tiene y que se lo tenemos que dar nosotros", dijo Escribano.

Coincidiendo con las jornadas, una veintena de trabajadores del sector se concentraron a las puertas del Palacio del Congreso de Cádiz, convocados por CC OO, para demandar a la federación "que la subida del 2,9% del IPC que le da la consejería también las trasladen a los empleados", según explicó Emilio Chulián, secretario provincial de Enseñaza privada del sindicato. Los trabajadores del sector -unos 900 en Cádiz- reclaman además la mejora de las condiciones laborales tanto en lo referido a la jornada como al ratio de educadores por clase y a los recurso técnicos y humanos de que disponen.

La situación actual, afirman, conlleva muchas "deficiencias" que "originan incertidumbre". Por ello piden participar activamente en las mesas de los conciertos y apuestan por la creación de una red de centros que aglutine al sector.