Directivos de Port Castelló usan tarjetas de cuentas públicas pese a que lo prohíbe Fomento

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Jaime Babiloni, dispone de una tarjeta de crédito con cargo a una cuenta de titularidad pública, pese a que el Ministerio de Fomento lo prohíbe expresamente. Además de Babiloni, el director comercial de la Autoridad Portuaria, José Carlos García Murcia, dispone de otra tarjeta, también con cargo a una cuenta pública del Puerto de Castellón. A estos dos casos cabe añadir el de Francisco Franch, que tenía otra tarjeta hasta el pasado 30 de junio, cuando fue cesado como director general de Port Castellón.

El propio Ministerio de Fomento ha admitido la existencia de estas tres tarjetas, cuyo uso repercute en una cuenta corriente pública, según una respuesta remitida al Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Esta respuesta expone que "en el Ministerio de Fomento está prohibido el uso de tarjetas de crédito con cargo a cuentas corrientes de titularidad pública". El texto señala, además, que "por razones ajenas al citado ministerio, en la Autoridad Portuaria de Castellón se dispone de tarjetas con cargo al Puerto de Castellón" y enumera los tres cargos que la poseen.La contestación del presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, al conocer que se había hecho pública la existencia de esta irregularidad, no se hizo esperar. En un escueto comunicado de seis líneas, Jaime Babiloni admite la existencia de las tres tarjetas de crédito y reconoce que así se hizo constar al Ministerio de Fomento. Sobre su uso, Babiloni únicamente señala que se utilizan "con el objetivo de evitar el transporte de dinero en efectivo con el consiguiente riesgo".

El diputado socialista Mario Edo calificó ayer esta actuación de los directivos del puerto de "irregular" y aseguró que exigirá información sobre el uso que se les ha dado a esas tarjetas. Asimismo, el diputado pedirá que se explique quién autorizó la emisión de las mismas, a través de qué entidad y cuáles han sido los gastos y el importe que se ha cargado a las mismas.

El diputado socialista, que mantiene que puede tratarse de un "delito de apropiación indebida de caudales públicos", planteó también que las explicaciones no sólo han de proceder de los directivos de Port Castelló, sino también del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que es quien tiene la potestad y quien nombró a Jaime Babiloni como presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.