Orden de cierre para el local vinculado al crimen de la Villa Olímpica
Francesc Narváez, concejal socialista del distrito de Sant Martí de Barcelona, ha resuelto imponer a la discoteca Back Fire, situada en la Vila Olímpica, una sanción de 500.000 pesetas. La multa va acompañada de la orden de cierre provisional del establecimiento, clausura que será efectiva durante un periodo de tres meses. El distrito municipal ha tomado la decisión tras haber observado el incumplimiento reiterado de los horarios de cierre del local. A la salida de la citada discoteca, que funcionaba también como after-hours, murió el pasado 1 de abril el joven Carlos Javier Robledo a causa de una brutal paliza propinada por un grupo de unos diez jóvenes, todos ellos procesados pero en libertad provisional por decisión del juez que instruye el caso y titular del juzgado número 14 de Barcelona, Adolfo Fernández Oubiña.
La Audiencia de Barcelona dictó anteayer un auto en el que eximía al Ayuntamiento de Barcelona de la responsabilidad civil subsidiaria por el asesinato, decidida por Fernández Oubiña.
La resolución del distrito no ha sido aún ejecutada porque la empresa tiene derecho a recurrir contra la sanción y contra el cierre. El plazo para presentar el recurso expira el próximo 30 de octubre. En el caso de que los propietarios de la discoteca decidieran no recurrir, el mismo día 30 o a lo sumo al día siguiente se precintaría el local.
Si la firma propietaria de la discoteca presentara un recurso, sería el Gobierno catalán el que tendría que decidir si mantendría la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona o la modificaría en algún sentido.
