La Audiencia exculpa al Ayuntamiento en el crimen de la Villa Olímpica
Satisfacción municipal
La Audiencia de Barcelona ha enmendado la plana al juez Adolfo Fernández Oubiña y ha revocado su decisión de declarar al Ayuntamiento de la ciudad responsable civil subsidiario por el crimen de Carlos Javier Robledo, ocurrido el 1 de abril en la Villa Olímpica a raíz de la brutal paliza que recibió de un grupo de jóvenes. Ni los hechos se produjeron en una dependencia municipal, sino en la vía pública, ni puede establecerse una relación entre el crimen y un supuesto incumplimiento de reglamentos u ordenanzas municipales. El tribunal entiende, además, que el asesinato lo cometió un particular y no un funcionario municipal mientras se encontraba desempeñando su función.Por ese motivo, la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona considera que "resulta palmaria" la evidencia de que no puede aplicarse el artículo del Código Penal que utilizó el juez para declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento y obligarle a depositar una fianza de 200 millones de pesetas.
El mismo tribunal que ahora ha exculpado al consistorio ya redujo en su día esa fianza a 75 millones, pero quedaba pendiente un recurso del Ayuntamiento en el que solicitaba que se anulase la decisión del juez Fernández Oubiña, titular del Juzgado de Instrucción número 14 de la ciudad. Ahora la Audiencia ha dado la razón al consistorio y ordena al magistrado que dicte un nuevo auto en el que se recoja esa decisión judicial.
La Audiencia da un serio revolcón al juez del crimen de la Villa Olímpica
El concejal de la Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, aseguró ayer que la resolución de la Audiencia de Barcelona "pone las cosas en su sitio" y "restablece la credibilidad deteriorada del consistorio". Según Maragall, también "restablece el concepto tradicional de la responsabilidad civil subsidiaria". Asimismo Maragall afirmó que el auto del tribunal pone de manifiesto que la decisión del juez Oubiña fue "totalmente desmesurada".La decisión de la Audiencia de Barcelona zanja, además, una disputa judicial que han mantenido los letrados municipales con el juez por su disparidad de opiniones y que llevó a Oubiña a acusar de prevaricación a uno de los abogados. Ante esa acusación, el consistorio anunció que remitiría al Consejo General del Poder Judicial las resoluciones de Oubiña y las numerosas declaraciones que realizó a los medios de comunicación, en las que acusaba de "asesinos" a los 10 jóvenes que posteriormente dejó en libertad.
