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Un largo vía crucis para Unió

El juez investiga los centros de Fidel Pallerols por presunto desvío de fondos públicos para la formación de parados

El caso Pallerols se ha convertido en "una mancha" para Cataluña, en palabras del propio Jordi Pujol. El bloqueo de ayudas de la Comisión Europea para la formación de parados ha encendido las luces de alarma sobre las irregularidades presuntamente cometidas con el uso de estos fondos, que han podido beneficiar a cargos y militantes de Unió Democràtica de Catalunya. Y todo ello en medio de la pugna por suceder a Pujol que mantienen el íder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, y el consejero de Economía, Artur Mas.El vía crucis empezó para Unió el 25 de marzo de 1998. Ese día, Ignacio Arbat y Montserrat Selga, profesores del centro de Pallerols en Girona, denunciaron ante el juez que, al tratar de sacar un certificado de su experiencia laboral, se habían enterado de que constaban en el Servicio Catalán de Colocación como estudiantes de cursos de ofimática en otros centros de Fidel Pallerols, en Lleida y Tarragona. Alguien había falsificado su firma. Un año más tarde la Guardia Civil de Girona, por orden del juez, hacía una encuesta a 56 alumnos escogidos al azar y 50 de ellos denunciaban que no habían hecho los cursos por los que los centros de Pallerols cobraban dinero de la Generalitat y del Fondo Social Europeo.

Las declaraciones judiciales de un ex administrador de Pallerols permitieron saber que el 23 de abril de 1997, día de Sant Jordi, aprovechando que era festivo en Cataluña, empleados de Pallerols entraron en las dependencias del Departamento de Trabajo de la Generalitat y falsificaron 30.000 firmas de cursos, además de introducir en los ordenadores 3.000 nuevos documentos. La operación se organizó ante la evidencia de que las empresas Ceif, And y Teo estaban a punto de ser objeto de una auditoría de uso de los fondos públicos procedentes de la Unión Europea.

Aquel embrollo acabó sin dimisiones en el Departamento de Trabajo, que entonces dirigía Ignasi Farreres. Trabajo está dirigido desde hace 20 años por consejeros miembros de Unió.

Un informe de la Agencia Tributaria de abril de este año señala que los cursos de formación son una buena fuente de ingresos, aunque "en teoría tendrían que ser una actividad no rentable, ya que sólo se subvencionan los costes y los cursos se imparten gratis, por lo que no deberían producir beneficios".

Pero el caso ha salpicado a militantes de Unió. Un total de 2.800 millones de pesetas han ido a parar a centros de formación relacionados con militantes y cargos del partido, como Domènec Sesmilo, Anna M. Mercadé, Bernat López Pinto y Josep Descarrega, y el propio sindicato Unió de Treballadors, patrocinado por el partido. También se vio salpicado el propio Duran cuando se supo que su cuñada Cristina Colls trabajaba en la sede central del partido mientras un centro colaborador del Departamento de Trabajo le pagaba un salario. Igualmente, tres centros de formación controlados por personas relacionadas con los negocios privados de Josep Sánchez Llibre, secretario de organización de UDC, cobraron 850 millones de subvenciones.

Incluso dos fundaciones ligadas a Unió (Fecea y Fesec) nutrían su presupuesto de los cursos y luego pagaban coches oficiales a los dirigentes de Unió y organizaban los viajes al extranjero del líder Duran (a Chile, Cuba, Hungría...).

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Pero lo peor para Unió llegó cuando uno de los directivos de Fecea, Santiago Vallvé, apareció metiéndose medio millón de pesetas en el bolsillo en un vídeo grabado por Pallerols en febrero de 1999. El vídeo se titulaba UDC-Santi Vallvé.

Pallerols se guardó esa cinta y grabaciones de muchas conversaciones telefónicas para, llegado el caso, tener pillados a los que le podían asegurar que los fondos seguirían llegando. Incluso llegó a comentar abiertamente: "Unió me pedía peaje", según dice su ex abogado Ricardo Gómez de Olarte.

También apararecieron facturas de informes de estas fundaciones para algunos departamentos de la Generalitat, como los de Justicia y Turismo, ambos en manos de Unió. Estas facturas fueron pagadas, pero no aparecen los informes que las motivaron, un caso idéntico al de Filesa, que estuvo en el principio del escándalo de financiación del PSOE.

El empresario que está detrás de este escándalo, Fidel Pallerols Montoya, es un hombre con importantes antecedentes fronterizos relacionados con el transporte de capitales. Además, el pasado 6 de marzo fue denunciado ante la policía andorrana por su ex esposa R. R. A., quien le acusaba de haber producido lesiones a la hija de ambos, de 12 años. La denuncia señala que la niña tuvo que ser atendida en el hospital Nostra Senyora de Meritxell. Pallerols es también aficionado a las armas. Su galería de tiro en Andorra fue visitada por Duran Lleida.

Los centros de Fidel Pallerols recibieron en el periodo 1995-1998 un total de 1.308 millones de pesetas del Departamento de Trabajo de la Generalitat para formar parados y el empresario se convirtió en el quinto operador más importante de Cataluña. De esa cantidad, 835 millones fueron a la matriz de la red Pallerols en Andorra (CEI). "Existe un hecho indubitativo que es la transferencia de dinero a Andorra", insiste la Agencia Tributaria, que concluye que Pallerols cometió delito fiscal.

Cuando la policía registró en Andorra las oficinas de los centros de Pallerols, encontró una contabilidad minuciosa de "aportaciones" a militantes y cargos de Unió y a funcionarios públicos de ese mismo partido, así como regalos y otras dádivas, como las recibidas por el funcionario y militante de Unió Joan Martin Toribio. Consta, por ejemplo, una salida de tres millones a "J. S. Libre", y una carpeta recoge presuntos "pagos a Unió del 10%", según fuentes policiales.

Sorprendentemente, en junio de 1999, el entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres (que hoy es presidente de Unió), firmó el otorgamiento de otros 250 millones para Pallerols, cuando ya sólo mantenía abierta una academia. Farreres ordenó que Pallerols devolviera 80 millones de ayudas anteriores, pero éste no lo ha hecho. El rosario de escándalos siguió cuando el anterior director general de Ocupación, Lluís Gavaldà, dimitió tras reconocer que era socio de Pallerols en una empresa de maderas preciosas que actúa en Brasil.

Tras practicarse el registro judicial de la central andorrana de las academias, el fiscal anticorrupción, Carlos Ramos, escribió que se desprenden "indicios suficientemente intensos" de la comisión de delitos por parte de funcionarios del Departamento de Trabajo del Gobierno catalán y personas relacionadas con ellos "por intereses sociales, asociativos o de otra naturaleza".

El registro de Andorra, cuyo resultado guarda celosamente el juez instructor, Josep Niubó, quizá no fue ser suficientemente efectivo. La razón es que el juez ordenó el registro cuando el sumario estaba bajo secreto de actuaciones. Unos meses más tarde, el juez levantó el secreto (27 de septiembre de 1999). Pero el registro en Andorra no se hizo hasta los días 18 y 19 de noviembre, con lo que los abogados de Pallerols pudieron saber que le registrarían las oficinas. El juez Niubó declina comentar estos detalles, aunque ha afirmado a este diario: "El secreto de actuaciones es una medida excepcional que debe durar lo menos posible".

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