Andalucía es la segunda comunidad autónoma con las matrículas universitarias más bajas Un estudio considera que el sistema de tasas actual fomenta la desigualdad social

Estudiar en las universidades andaluzas es más barato que en cualquier otro punto del país, a excepción de las islas Canarias. El precio por 65 créditos en primera matrícula se sitúa en las 88.530 pesetas frente a las 120.000 que pagará un estudiante aragonés, navarro o madrileño que opte por una carrera experimental de primer grado. Ésta es una de las conclusiones del estudio realizado por José Sánchez Campillo, profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, publicado en el libro de la Asociación de la Economía de la Educación presentado en la Universidad de Jaén.

50% de penalización

Andalucía tiene las tasas medias más bajas tras Canarias y además, es la única comunidad que aplica exactamente el mismo precio a todos los créditos con independencia del grado de experimentalidad. Eso hace que algunas, las menos experimentales, tengan un precio más alto que en otras comunidades. Así, la media nacional en el primer grado de experimentalidad se sitúa en las 110.978 pesetas para 65 créditos en primera matrícula (88.530 en Andalucía); frente a las 73.878 por el mismo concepto para los créditos menos técnicos.El estudio de Sánchez Campillo también pone de manifiesto que a pesar de que en Andalucía el precio por crédito es de los más bajos, sin embargo es también una de las comunidades que más ingresa por precios públicos en relación a sus gastos corrientes. Esta recaudación equivale a un 26,4% en el caso andaluz frente el 20,32% de la media nacional con datos correspondientes al año 1988.

Contra la gratuidad

Al analizar el porcentaje de penalización que se aplican a segundas y sucesivas matrículas también se deduce que Andalucía es una de las comunidades que menos grava las repeticiones. Quienes no han podido aprobar una asignatura a la primera oportunidad, verán un incremento de precio al matricularse por segunda vez de un 15%. Algunas comunidades como Asturias, Baleares o Cantabria llegan prácticamente a duplicar estos precios.

Pasada la segunda oporturnidad, el sistema universitario andaluz contempla una penalización del 50%. Cada 100 pesetas pasan a convertirse en 150 en tercera convocatoria o más. Este crecimiento, según el autor del estudio, también se encuentra por debajo de la media nacional.Sánchez Campillo concluye en el informe en el que analiza el coste de los créditos en todas las comunidades autónomas que el actual sistema de tasas académicas provoca "una gran inequidad social" que no es ajena a la descentralización del sistema universitario. Además, Campillo constata que la existencia de 17 sistemas de precios distintos -uno por comunidad autónoma- dificulta cualquier intento de armonización y resalta que aunque las tasas no son en la actualidad la principal barrera para acceder a los estudios universitarios, se favorecería la equidad si se pagase dependiendo de la capacidad económica de cada familia.

La propuesta de Sánchez Campillo es sumamente impopular, como él mismo reconoce. En primer lugar es consciente de que se tacha de regresiva y su puesta en práctica supondría eliminar "muchas dificultades". En primer lugar destaca la presión de las clases con más recursos, que se opondrían a pagar más y en segundo, la de los grupos más débiles porque no tendrían "la total seguridad de que se beneficiarán con el nuevo sistema" y darían un apoyo débil o nulo. En resumen, Sánchez Campillo cree que los gobiernos "que se limitan a adoptar una posición populista" con las tasas académicas "hacen poco por la igualdad de oportunidades".

El profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Granada considera en su estudio que se debe garantizar el acceso a los estudios superiores a cualquier ciudadano. Para ello, advierte, hay que facilitar que se superen tres barreras: académicas, socioculturales y económicas. Para lograr una mayor igualdad de oportunidades resalta que se debe actuar sobre cada una de ellas.

José Sánchez resalta que las barreras académicas deben superarse a través de esfuerzos educativos en los niveles previos a la universidad. Las socioculturales son más complicadas de erradicar, reconoce. En opinión de este experto en Economía Aplicada, existe bastante desconocimiento de los beneficios potenciales de cursar determinados estudios, "y, al mismo tiempo, la aversión al riesgo suele ser más elevada en los estudiantes procedentes de las clases sociales más desfavorecidas".

En su informe asegura que se ha constatado que los estudiantes con menor renta suelen elegir estudios con más probabilidad de culminar con éxito en el menor número posible de años, "y al mismo tiempo, con mayores posibilidades de conseguir empleo en el sector público".

Por lo que respecta a las barreras económicas, apunta que las familias de los estudiantes tienen que afrontar tanto gastos directos -como pago de tasas y materiales educativos-, como indirectos, que engloban desde el transporte hasta la manutención. Todavía hay un coste más, el generado por el retraso de un universitario en incorporarse al mercado de trabajo.

Esta reflexión, sin embargo, no lleva a Sánchez Campillo a considerar que sea más justa la gratuidad en las matrículas. Un sistema universitario, como cualquier otro servicio público, que no suponga un desembolso económico para las personas que quieran acceder a él no será valorado, en opinión del profesor granadino. Por eso no cree que fuese conveniente establecer la gratuidad. "Cuando se prescinde de señales de precios adecuadas, la conciencia de coste por parte de los usuarios es muy escasa y, en general, se provoca una demanda excesiva, así como un nivel de utilización por parte de los individuos poco eficiente", señala el texto del informe.El estudio sobre tasas destaca que ninguna comunidad autónoma ha puesto en marcha, hasta el momento, un sistema de tarifas dependiente de la renta de las familias y constata que en las regiones más desfavorecidas tampoco han proliferado mecanismos de exención total o parcial de tasas y que las bonificaciones que se aplican tienen un tratamiento similar en todas las regiones españolas.