El Gobierno reconoce a los inmigrantes irregulares derechos que les prohíbe ejercer

El Gobierno está dispuesto a reconocer que los inmigrantes irregulares son titulares de derechos fundamentales -como los de reunión, asociación y sindicación-, pero condiciona su ejercicio a que estén regularizados. Esta singular fórmula (reconocer unos derechos y prohibir su ejercicio) es la que el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández- Miranda, ha ofrecido al PSOE, Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria en las negociaciones sobre la Ley de Extranjería. El debate sobre la reforma se trasladará esta semana al Congreso.

Fernández-Miranda ha concluido ya las conversaciones que, durante las últimas semanas, ha venido manteniendo con PSOE, CiU y CC en torno a la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno. El debate se trasladará esta semana al Congreso de los Diputados, donde el jueves está previsto que se constituya la ponencia que informará el texto.Las conversaciones a tres bandas han concluido con algunas aproximaciones y acuerdos, pero también han puesto de manifiesto importantes discrepancias. Tanto socialistas como nacionalistas catalanes se reservan su voto al resultado de la tramitación parlamentaria.

Uno de los puntos que siguen enfrentando al PP con la oposición es el reconocimiento de los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares. Salvo la asistencia sanitaria y la educación obligatoria, el proyecto gubernamental niega cualquier derecho a los extranjeros no regularizados.

Sin embargo, en las últimas reuniones Fernández-Miranda ha ofrecido una concesión más teórica que práctica: reconocer los derechos a todos los inmigrantes, pero permitir su ejercicio sólo a los que tengan residencia legal. La oferta del Gobierno se basa en una enmienda de Coalición Canaria, según la cual sólo podrían sindicarse los extranjeros que tengan permiso de trabajo.

El PSOE y CiU consideran esta concesión insuficiente y sospechan que el verdadero objetivo del Gobierno no es reconocer derechos sino sortear la eventual inconstitucionalidad de su proyecto de ley.

Más satisfactoria es la oferta realizada por Fernández-Miranda en materia de educación. El texto gubernamental excluía a los hijos de inmigrantes irregulares de la educación infantil, hasta los seis años, lo que resultaba discriminatorio. Ahora, acepta trasladar a la Ley de Extranjería el contenido del artículo siete de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), según el cual "la educación infantil tendrá carácter voluntario", pero "las Administraciones públicas garantizarán la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite". De este compromiso se beneficiarían todos los extranjeros, sin ningún tipo de excepción.

En materia de reagrupación familiar, el acuerdo pasaría por dar a la ley una redacción abierta que permita mayor concreción en el futuro reglamento. Para cuando éste se apruebe ya debe estar en vigor la directiva de la UE, de obligado cumplimiento para España, cuyo borrador actual es más generoso que el proyecto del PP.

También ha habido un importante acercamiento respecto a la fijación del contingente anual de trabajadores extranjeros. El Gobierno admite que para su elaboración se parta de la información facilitada por las comunidades autónomas sobre sus necesidades de mano de obra, pero se reserva la decisión última sobre la cuantía y características del cupo, e incluso sobre la posibilidad de suspenderlo, en función de la evolución del mercado trabajo.

El procedimiento a seguir con los menores indocumentados se modificará para sustituir la intervención del juez por la del fiscal, dar mayor protagonismo a las comunidades autónomas, a las que corresponde su tutela, y permitirles trabajar a partir de los 16 años para facilitar su inserción laboral.

"Nuestro objetivo es convertir un mal proyecto en una buena ley", aseguró el viernes en Canarias la secretaria de Políticas Sociales e Inmigración del PSOE, Consuelo Rumí.