El juez impone más de 5.300 millones de fianza por el fraude de las gasolineras
El titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha impuesto 5.325 millones de pesetas de fianza en concepto de responsabilidad civil por el fraude de las gasolineras, denunciado en enero de 1998 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Así figura en el auto de apertura de juicio oral contra 35 personas, entre directivos, técnicos y mecánicos de 16 sociedades distribuidoras de combustible que servían a los clientes un 5% menos de lo cobrado. El juzgado ha iniciado ya el embargo de las gasolineras afectadas, en Madrid, Toledo y Albacete, para hacer frente a la fianza
Juicio en la Audiencia
La investigación judicial sobre el llamado fraude de las gasolineras ya ha concluido. La OCU dio a conocer ayer el auto de apertura del juicio oral, dictado el pasado 20 de julio por el juzgado madrileño encargado del caso.En dicho auto se imputa por el presunto fraude a un total de 35 personas, vinculadas a 16 sociedades dedicadas a la distribución de gasolina. El juez impone, además, una fianza de más de 5.300 millones de pesetas para atender a las eventuales responsabilidades pecuniarias que pudieran fijarse en la sentencia.
Habitáculo oculto
De la misma deben responder los administradores de las sociedades mercantiles implicadas, así como los encargados de las gasolineras y los técnicos de mantinimiento, cuya participación se considera imprescindible para la comisión del presunto delito.
Tras señalar que los imputados deben hacer frente a la fianza en metálico o mediante la presentación de los correspondientes avales, el auto advierte de que, en caso de que ésta no se materialice, se procederá al embargo de los bienes propiedad de dichas sociedades.
Fuentes próximas a la investigación señalaron ayer que, al no haberse depositado la fianza, ya ha empezado a ejecutarse el embargo de las gasolineras y de las concesiones administrativas. Ello supone que los propietarios no podrán traspasarlas a terceros ni hipotecarlas hasta que haya sentencia firme.
Las defensas de los acusados han presentado el correspondiente recurso, pero éste no paraliza la ejecución de los embargos.
Con la apertura del juicio oral concluye la instrucción desarrollada durante más de dos años y el caso pasa a una de las secciones de lo penal de la Auciencia Provincial de Madrid, que será la encargada de enjuiciarlo, dada la gravedad de las penas.Las fuentes consultadas indicaron que aún no hay fecha para la celebración del juicio, pero dieron por seguro que éste se celebrará y que los imputados tendrán que sentarse en el banquillo, a la vista de las pruebas acumuladas en la investigación de los hechos.
También el director de la OCU, José María Múgica, subrayó ayer la importante cuantía de la fianza impuesta por el juez y agregó que ésta demuestra la magnitud del fraude y avala la denuncia realizada en su día por su asociación.
El auto judicial se ha dictado en base a las peticiones de las acusaciones, entre ellas la de la propia OCU, y del Ministerio Fiscal. El escrito presentado en abril pasado por el fiscal de Consumo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio Martínez de Muniain, fue especialmente contundente, al reclamar penas de hasta nueve años de cárcel para los principales directivos de las sociedades implicadas en el fraude.
Aunque formalmente las 16 sociedades son independientes entre sí y cuentan con su propio Consejo de Administración, todas ellas están vinculadas a través de sus propietarios y funcionan en la práctica como un holding, el denominado Grupo Villanueva, encabezado por el empresario Francisco Javier Villanueva Aranguren.
En el momento en que se destapó el escándalo este grupo era, sin contar a las compañías petroleras, el más importante de España en el sector de la distribución de gasolinas, con una facturación superior a los 50..000 millones anuales. Entre sus estaciones de servicio se encuentran algunas de las más rentables de España, ya que están en las principales vías de acceso a Madrid y en la propia capital, que padece un déficit histórico de gasolineras.
Un fondo para los consumidores
Uno de los aspectos más complejos del caso de las gasolineras es la dificultad de identificar a los afectados. De la investigación se deduce que pudieron ser decenas de miles las personas estafadas al llenar sus depósitos y recibir menos combustible del que pagaban. Pero la mayoría de ellas no guardan recibos con los que avalar su reclamación y tampoco se han personado en el procedimiento, salvo algunas asociaciones de transportistas.De hecho, para cuantificar el montante del fraude, la fiscalía recurrió al procedimiento de aplicar un 5%, que fue el porcentaje medio de merma calculado por la OCU, a la cantidad de combustible suministrada por las petroleras a las estaciones de servicio, teniendo en cuenta el número de surtidores manipulados y el precio, y tomando como base el periodo 1988-1998.
Eso explica por qué la cuantía de las fianzas no es la misma para todas las sociedades. A Cerro de la Cabaña S. A., propietaria de una gasolinera en la autovía de Valencia, se le piden 854 millones de pesetas, y a Lema S. L., en la carretera de Extremadura, 767.
La OCU propone que este dinero se destine a un fondo común, gestionado por las asociaciones de consumidores, para financiar estudios sobre precisión y calidad de los combustibles que eviten la repetición del fraude.
Un caso que forzó a cambiar los métodos de inspección
Según explicaba el fiscal en su escrito, los impulsos eléctricos que transmiten al contador, situado en la parte superior del surtidor, a la vista del público, la cantidad de combustible sumistrada por la manguera tenían una derivación que permitía alterarlos desde un habitáculo oculto en el interior de la gasolinera.Gracias a un interruptor, el encargado podía restablecer el suministro normal cuando algún cliente protestaba o recibía la visita de un inspector. Los gasolineros, agregaba el fiscal, actuaban con la impunidad que les daba saber que las inspecciones "tenían un carácter absolutamente formal, no comprobándose nunca el estado de los precintos, a pesar de que para ello bastaba con levantar la tapa del surtidor".
Más tarde, la Asamblea de Madrid creó una comisión de investigación, ante la que comparecieron los hermanos Óscar y Jesús Bugliot Utrera, dos empleados de gasolinera cuya inicial denuncia a EL PAÍS dio lugar al estudio de la OCU.
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