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UNA FUSIÓN POLÉMICA

El oscuro mercado eléctrico

Sociedad intermediaria

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A excepción, quizá, de la declaración de impuestos, existen pocas cosas tan difíciles de interpretar para el ciudadano de a pie como el recibo de la luz. El juego del mercado, de la oferta y la demanda y las disposiciones del Gobierno se mezclan en una amalgama de porcentajes e impuestos de la que sale la cantidad que debe pagar cada usuario.Hasta 1998, esa amalgama de porcentajes e impuestos, aunque compleja, tenía el mismo origen: el Gobierno. Se pagaba por la luz lo que el Gobierno, cada año, acordaba con las empresas del sector. En ese año, sin embargo, y basado en la Ley del Sector Eléctrico de noviembre de 1997, el proceso de liberalización del sector energético desembocó en la creación del mercado de la electricidad. La idea era y es simple, aunque su desarrollo puede ser complejo. Se trata de considerar la energía eléctrica como cualquier otro producto de consumo, cuyo precio -sin impuestos y otros conceptos, como el recargo del 4,5% para pagar las ayudas eléctricas, los CTC- dependerá de la oferta y de la demanda.

Separación

¿Quién ofrece electricidad a un precio determinado? Las empresas generadoras: Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico. ¿A quién ofrece ese precio? A una entidad que casa la oferta y la demanda y que se denomina Compañía Operadora del Mercado Español de Electricidad (OMEL). ¿Quién demanda la electricidad para venderla en el mercado? Los comercializadores, que, en buena medida, son sociedades intermediarias propiedad de las grandes compañías. Y, por último, ¿quién planifica las necesidades para que oferta y demanda se acerquen en la subasta que se realiza cada día? La compañía Red Eléctrica de España (REE), propietaria de la red de transporte de alta tensión y participada, en un 40%, por las cuatro grandes empresas productoras.El espacio donde se cruzan oferta y demanda, denominado mercado mayorista, funciona de forma teóricamente simple: los productores envían electrónicamente sus ofertas de electricidad y el precio que desean cobrar por ellas al ordenador de la OMEL, que, basado en la demanda de los comercializadores, acaba por fijar un precio.

Ese sistema de compra-venta se realiza en una doble vertiente: el mercado diario y el llamado intradiario. Los dos son importantes. En el primero, con 24 horas de antelación, se vende y se compra electricidad para cada una de las horas del día siguiente. Cada concurrente en este mercado puede, al día siguiente, participar en una especie de segunda vuelta con seis sesiones -el mercado intradiario-, de la que saldrá el precio final del kilovatio en cada hora. Dicho precio se explora por la OMEL de menor a mayor oferta, de forma que todas las compañías que han ofrecido producto cobran finalmente por kilovatio por hora el último precio al que se cubrió la demanda.

Aún existe otro espacio de negociación y de gestión, el llamado de "servicios auxiliares", del que se ocupa Red Eléctrica. Este mercado tiene por objeto evitar, por ejemplo, que a determinadas horas y en determinadas regiones, como pueden ser la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía, surjan problemas con el suministro. Claro que en este caso el precio que cobran los generadores está fuera del sistema de casación.

En 1998, el año en que comenzó a funcionar el mercado mayorista, el precio del kilovatio por hora se situó en 5,81 pesetas de media.En 1999 subió a 5,86 pesetas, y en lo que llevamos de 2000, el precio medio alcanza aproximadamente las 6,2 pesetas. Este precio base supone aproximadamente el 55% de la cantidad que finalmente paga un consumidor medio y sólo una tercera parte del que paga el consumidor doméstico (unas 18 pesetas por kilovatio por hora). Los hogares representan el 40% del consumo, y las empresas, el 60%.

La liberalización y el juego del mercado, teóricamente, animan la competencia y tienden a bajar los precios. Claro que en el caso de España no es tan sencillo. Para empezar, el hecho de que dos grandes compañías, Endesa e Iberdrola, sumen un 80% del mercado de generación supone una cierta distorsión de la teoría, ya que, como la demanda es previsible -hay más demanda cuando hace frío, más por la noche y más en determinadas zonas geográficas-, las grandes compañías pueden gestionar mejor sus ofertas para sacar el máximo provecho. Los pequeños productores, que los hay, no pueden permitirse el lujo de perder ventas por ajustar sus precios al coste que supone producir, ya que podrían quedarse fuera de la subasta. Los grandes, sin embargo, sí pueden permitirse ese lujo.

De la misma forma, la separación formal -forzada por ley- entre las compañías productoras y comercializadoras de electricidad no siempre evita distorsiones en el mercado.Ocurre que las grandes compañías productoras de energía son dueñas también de las principales comercializadoras. Ello supone, por ejemplo, que la libertad de elección de suministrador eléctrico -que será para todos en 2003-, y que desde el mes de julio pueden ejercer ya 65.000 empresas, puede verse modificada. En otras palabras, la teórica libertad de oferta puede verse influida por las estrategias de los grandes grupos, que controlan a las comercializadoras.

Pese a los defectos que muestra el mercado eléctrico, aún oscuro, los especialistas aseguran que es una fórmula adecuada para lograr realmente que haya competencia en el sector. Siempre, por supuesto, que el mapa empresarial permita su desarrollo.

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