Pujol lamenta el 'caso Pallerols' y admite que perjudica a su Gobierno
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, se comprometió ayer en Girona a investigar el bloqueo de parte de los fondos destinados a la formación de parados decidido por la Comisión Europea y admitió que es un conflicto que lamenta "mucho" en la medida en que cuestiona la credibilidad de la Administración catalana."Lo lamento mucho", afirmó en declaraciones a la cadena SER, "porque tenemos [el Gobierno] la obligación de ser cuidadosos ante el pueblo de Cataluña, procuramos serlo, y también la obligación ante Bruselas de administrar muy bien estos bienes".
El mismo día en que el consejero de Trabajo, Lluís Franco, compareció ante el Parlament, el presidente catalán manifestó que su Gobierno hará todo lo posible para averiguar lo sucedido -"en esto que llaman caso Pallerols", dijo- e intentar recuperar estas ayudas. También admitió que este asunto perjudica la imagen que en Bruselas puedan tener del Gobierno autónomo. "La relación con Bruselas siempre ha sido buena", añadió.
No obstante, Pujol precisó que, pese a la voluntad del Departamento de Trabajo de llegar hasta el fondo del asunto, existen algunos impedimentos para completar la investigación ya que el asunto está bajo secreto de sumario y la Generalitat necesita algunos documentos que en la actualidad están en manos del juez instructor. A pesar de ello, informó de que la Generalitat ha vuelto a reclamar esos documentos.
"Desprestigio" de Cataluña
Lluís Franco admite que conocía desde hace un año el bloqueo de fondos
Franco criticó al portavoz de la Comisión Europea que cifró en 2.329 millones la cantidad que se bloquearía y aseguró que ha pedido una entrevista con la comisaria europea de Asuntos Sociales, Anna Diamantopoulou.La oposición en pleno denunció ayer que la suspensión cautelar de los fondos sociales de la Unión Europea supone un "desprestigio" para Cataluña. Iniciativa per Catalunya- Verds (IC-V), Esquerra Republicana (ERC) y el PSC-Ciutadans pel Canvi (CpC) insistieron en su petición de que se convoque una comisión parlamentaria de investigación sobre la concesión de ayudas para formación ocupacional por parte del Gobierno catalán. El consejero se opuso con el argumento de que sería "utilizada exclusivamente para erosionar" al Ejecutivo de Jordi Pujol.
Josep Maria Rañé, portavoz del grupo del PSC-CpC y responsable de trabajo en el gobierno en la sombra de Pasqual Maragall, acusó al Ejecutivo de Jordi Pujol de "someter" a Cataluña a un "desprestigio" internacional comparando a los catalanes con "calabreses" y de no actuar de forma "diligente".
"Un hecho políticamente tan grave", dijo Rañé, "no puede resolverse con detalles administrativos", y acusó al Gobierno catalán de no atender las peticiones de información de la Comisión Europea.
IC-V pidió la dimisión de Franco, "y que lo asuma Jordi Pujol, que no ha abierto la boca sobre el asunto", dijo su portavoz, Joan Boada. Éste tuvo la intervención más crítica; se mostró "estupefacto e indignado" y afirmó que si no se pone fin a la situación, el consejero "tiene la obligación ética y política de dimitir". Boada dijo que el caso no sólo genera inquietud social, "sino también pánico".
Mientras tanto, Franco se esforzaba en repetir que su departamento defenderá "hasta la última peseta, sea la que sea la cifra que finalmente se ha suspendido". Rañé le reprochó que la información sobre este tema se haya administrado "de forma partidista, en función de sus intereses, lo que políticamente es reprobable".
El portavoz del PSC se quejó de que los expedientes sobre los centros de Fidel Pallerols todavía no han sido puestos a disposición del Parlament, a lo que se comprometió el anterior consejero en abril de 1999.
Rañé acabó exigiendo al consejero que aclare si las cantidades que se embolsaba Santiago Vallvé, militante de Unió que fue fotografiado entregando dinero a Pallerols, fueron consignadas a cargo de los fondos europeos. Franco le contestó que no acudía a la comisión preparado para abordar el asunto.
Ernest Benach, en nombre de ERC, criticó al consejero de Trabajo su "obsesión" por las declaraciones del resto de los partidos y le recordó que lo que pone en cuestión la credibilidad de la Generalitat es el informe de la Comisión Europea.
La portavoz del Partido Popular (PP), Alicia Sánchez-Camacho, dijo que su partido está "seriamente preocupado" por el desprestigio que puede suponer esta suspensión de fondos, porque "es una cuestión de la máxima gravedad". El PP ha pedido que acuda a declarar el consejero de Gobernación y máximo líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Con todo, el PP sigue oponiéndose a que se cree una comisión parlamentaria para investigar las ayudas a los centros de formación de desempleados, en particular las concedidas a los centros de Fidel Pallerols.
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