El Parlament decide evaluar la aplicación del Estatut y la reforma de la legislación relativa al autogobierno

En el plazo de ocho meses, una comisión parlamentaria evaluará los resultados de la aplicación del Estatuto de Autonomía y propondrá "las líneas de reforma y despliegue de la legislación estatal y autonómica" con la finalidad de profundizar en el autogobierno de Cataluña. Esta comisión de estudio fue creada ayer en el Parlament con el voto favorable de cuatro de los cinco grupos de la Cámara: los de Convergència i Unió (CiU), Socialistes-Ciutadans pel Canvi (PSC-CpC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V). El Partido Popular (PP) votó en contra de la propuesta. Su portavoz en la comisión que la debatió, Daniel Sirera, afirmó: "No podemos apoyar una comisión si lo que hay que estudiar en ella es la reforma del Estatut y la Constitución".

La interpretación que Sirera hizo de los objetivos de la comisión coincidía con la que dio el diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao. Éste dejó bien claro al expresar su apoyo a la propuesta que lo que se iba a estudiar sería "la revisión del Estatuto y, si procede, de la Constitución". Es lo que procede, argumentó, en vista del "estancamiento autonómico", del carácter "centralista" de la legislación española y del hecho de que, 20 años después de la puesta en marcha del régimen autonómico, la estructura central del Estado "no ha hecho más que crecer".

En cambio, CiU rechazó que vaya a apoyar la reforma del Estatut y la Constitución. Su portavoz, Ramon Camp, afirmó que la coalición nacionalista preconiza "el desarrollo exhaustivo del Estatut y la revisión de la legislación estatal que limita el autogobierno". Agregó que el Gobierno de CiU dispone de una lista de 147 normas estatales que limitan el ejercicio de la autonomía y sostuvo que, antes que nada, ésta es la legislación que hay que revisar.

La posición de los socialistas no aclaró el desacuerdo sobre la finalidad de la comisión de estudio que se creaba. La argumentación aportada por Josep Maria Vallès no apoyó la reforma del Estatut, pero tampoco la excluyó. Partió de la base, tantas veces explicada por Pasqual Maragall, de que cuando se elaboró el Estatut, en 1978, no se sabía cómo iba a ser el Estado de las autonomías, España no había ingresado en la Comunidad Europea, el proceso de globalización económica estaba en una fase inicial y los poderes de las empresas transnacionales no habían alcanzado el auge que tienen. "Es bueno que todos los grupos determinen qué aspectos de la legislación hayq eu reformar", concluyó.

Tampoco Rafael Ribó, de Iniciativa per Catalunya-Verds, quiso prejuzgar el trabajo de la comisión. Por el contrario, invitó al PP a apoyar su creación. Los conservadores, sin embargo, rechazaron la invitación con objeto de mantener la coherencia con su posición, radicalmente opuesta a tocar ni un solo punto del Estatut y la Constitución.

Finalizado el debate y aprobada ya la propuesta, el portavoz de CiU insistió en que su apoyo no era contradictorio con el compromiso adquirido en el reciente debate de política general a requerimiento del PP para plantear la profundización en el autogobierno "en el marco del Estatut y la Constitución". Los demás grupos interpretaron que CiU se ha dado ocho meses de margen para pronunciarse.