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El Ayuntamiento de Lasarte-Oria será investigado por prevaricación

El País

"Jurídicamente temeraria"

La Fiscalía de la Audiencia de San Sebastián investigará si los corporativos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria (Guipúzcoa) incurrieron en un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) al aprobar en 1997 el incremento de los salarios del personal a su servicio. La Sala de lo Contenciso del Tribunal Superior vasco ha anulado dicho acuerdo, adoptado por mayoría socialista, y remitido el expediente al Ministerio Público, según informa la agencia Vasco Press.El 15 de diciembre de 1997, el pleno del Ayuntamiento de Lasarte-Oria aprobó un aumento de las retribuciones de sus funcionarios de un 1% con respecto a los sueldos de 1996, el pago consolidable de 20.000 pesetas lineales y una jornada laboral de 1.676 horas anuales, dos menos que el año anterior. La decisión municipal se aprobó con los votos favorables de los ediles del PSE-EE, dos votos en contra de Herri Batasuna y las abstenciones de EA, el PNV e IU.

El acuerdo se basó en el alcanzado entre Eudel (la Asociación de Municipios Vascos) y las centrales sindicales sobre las condiciones de empleo del personal de la administración local y foral de Euskadi para 1997. El comité de empresa y los delegados de personal habían aceptado días antes del pleno la propuesta económica que se les planteaba, que también contó con un dictamen favorable emitido por la comisión municipal de personal en su sesión celebrada el 9 de diciembre.

La Sala del Superior declara en su fallo que el acuerdo impugnado incluye unos incrementos retributivos "no acomodados a las previsiones del legislador". En el fallo también se declara que la decisión de los corporativos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria "vulnera la previsión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997".Los Presupuestos de ese año establecían que "las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público no podrán experimentar variación con respecto a las del año 1996". De acuerdo con ello, el máximo tribunal vasco considera que el acuerdo impugnado "incurre en vicio de invalidez" al no respetar dicha congelación y, por lo tanto, el tribunal declara su anulabilidad sin que esto conlleve "limitación alguna a la autonomía financiera de las comunidades autónomas".

La Fiscalía donostiarra iniciará una investigación por si la conducta de la corporación lasartearra al aprobar la subida salarial para sus empleados pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación.

La Sala de lo Contencioso califica de "jurídicamente temeraria" la posición procesal del Ayuntamiento de Lasarte-Oria "al ser reiterados y constantes los pronunciamientos de este tribunal sobre la cuestión controvertida", por lo que impone al referido Ayuntamiento el pago de las costas del procedimiento.

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