Coste cero

Ninguno de los servicios técnicos previstos en el texto pactado con los archiveros en 1998 figura en el proyecto de ley aprobado ahora por la Generalitat. No habrá, si nada cambia durante el próximo debate de la ley en el Parlament, un Servicio de Conservación, Restauración y Reprografía -cuyas funciones se otorgan vagamente al Archivo Nacional de Cataluña-; ni un Servicio de Formación, Información y Documentación, ni tampoco un Instituto de Documentos Legibles a Máquina, cuyo "interés primordial", decía el texto de 1998, "se centrará en prever la recuperación de la información contenida en documentos informáticos, electrónicos, magnéticos y otros que, debido a los cambios tecnológicos muy rápidos, resultan inaccesibles fácilmente".Censo

Tampoco prevé el nuevo proyecto la elaboración de un Censo del Patrimonio Documental de Cataluña. Se trataría de obtener una relación exhaustiva de los fondos, tanto los de titularidad pública como los privados, en la que se identificara "de forma fehaciente los archivos, centros, depósitos y otros lugares en los que se conservan documentos, colecciones o cualquier otro tipo de documentación que forme parte del patrimonio documental catalán". Los archiveros consideran este censo -una fotografía en macro de la realidad- una herramienta básica, indispensable para abordar con garantías cualquier plan de actuación sobre los archivos y el patrimonio documental.

La eventual aplicación de la ley, con la creación de los servicios técnicos y la elaboración del censo pactados con los archiveros hace ahora dos años, habría exigido a la Generalitat disponer de un presupuesto que no ha sido cuantificado. Aquella ley habría resultado bastante más cara, en cualquier caso, que la que impulsa ahora Vilajoana, cuyo coste de aplicación será prácticamente de cero pesetas.