Un abogado estafó a 1.000 inmigrantes con la promesa de legalizar su estancia

Empresa ficticia

Un licenciado en derecho peruano nacionalizado español, de 37 años, ha sido detenido bajo la acusación de estafar al menos a 1.000 inmigrantes latinoamericanos, a cada uno de los cuales cobraba entre 50.000 y 200.000 pesetas con la falsa promesa de regularizar su situación en España, según la Jefatura Superior de Policía de Madrid.El arrestado, Samy Pillipe Michel A., de 37 años, licenciado sin colegiar, que tenía un despacho en la calle de Carretas, facilitaba los papeles a los inmigrantes con ofertas de trabajo de una empresa ficticia. La policía asegura que ha llegado a ganar más de 30 millones en dos años.

La investigación arrancó el pasado mes de junio, cuando una ecuatoriana denunció en la comisaría de Centro a un abogado que se había ofrecido para arreglarle los papeles. La mujer había pagado 100.000 pesetas, pero no tenía aún el permiso de residencia.

Agentes de la Brigada de Extranjería descubrieron que otros ocho peruanos y ecuatorianos habían denunciado al mismo abogado. Las primeras investigaciones destaparon que Samy Pillipe había comenzado a tramitar permisos de trabajo y residencia a partir de 1996. Pero desde 1998 había duplicado su actividad.

En las posteriores pesquisas se averiguó que el abogado captaba a sus clientes mediante anuncios en periódicos. El hombre se ganaba la confianza de los clientes que acudían para regularizar su permiso de residencia. A todos les entregaba el resguardo sellado de haber presentado la solicitud del permiso de trabajo o residencia

Samy Pillipe cobraba 50.000 pesetas a cada cliente si éste vivía en España y entre 80.000 y 200.000 pesetas si residía en el extranjero. En las solicitudes de permisos tenían que figurar los datos de la empresa que ofrece el trabajo, pero dichas firmas -Mutuo Acuerdo y Derechos Personales- eran ficticias. La policía averiguó que Samy Pillipe presentaba las solicitudes en el Ministerio de Trabajo e Interior, pero eran archivadas porque no reunían los requisitos exigidos por la Administración.

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El arrestado también ofrecía sus servicios en despachos de abogados de países suramericanos. En su propaganda aseguraba que disponía de una oficina con 15 letrados especializados en extranjería. Su despacho de la céntrica calle de Carretas, denominado Agencia de Abogados de Madrid, SL, no estaba constituido legalmente ni registrado. En el citado local, los agentes decomisaron cartas certificadas con amenazas de querellas judiciales a clientes que tenían deudas con él.

Según la policía, si el detenido, que ya ha sido puesto a disposición judicial, hubiera tramitado las solicitudes de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Extranjería, muchos de los inmigrantes estafados podían haber regularizado su situación.

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