Carreteras sin autos y gasoductos sin gas

A pesar de que la Comunidad considera que la falta de presidente del jurado de expropiación "no es tan grave y se resolverá pronto", los miembros de este organismo están preocupados. José Luis Pérez López, uno de los vocales de la junta, envió a finales de septiembre una carta al presidente de la Federación Madrileña de Municipios, José Luis Pérez Ráez, donde expresaba su "preocupación" por el "importante retraso en la adopción de resoluciones". Pérez López afirma que el retraso "supone un grave incumplimiento de ley y genera para las administraciones expropiantes importantes intereses [de demora] que deben satisfacer".

Sin embargo, José María Erenas, director general de Suelo, sostiene que los intereses de demora que habrá que abonar a los afectados son muy pocos y ofrece dos razones: la primera, porque "los expedientes no están paralizados, ua que las comisiones de valoración se siguen reuniendo aunque no se celebre el pleno", y la segunda, porque no hay 1.200 expedientes acumulados, sino "menos de 200".

Erenas recuerda que cada obra se divide en varios expedientes [según el número de fincas afectadas], pero que todos constituyen un único asunto: "La tasación de los terrenos es la misma para todos".

Entre las piezas de valoración que aún no han sido resueltas se encuentran la variante M-100 en torno a Daganzo, la variante de la M-506 a San Martín de la Vega, un sector del polígono de la Cantueña, los desarrollos urbanísticos en Valdemoro, el gasoducto Alcorcón-Navalcarnero, el oleoducto Torrejón-Loeches, el sector Arroyo Culebro, la expropiación de varias manzanas en Valdeacederas y la mejora de la M-523 entre Villamantilla y Sevilla la Nueva.

"Sólo las obras que hayan sido declaradas de urgencia por el Gobierno regional pueden comenzarse [M-45 y nuevos barrios, principalmente]. El resto deberá esperar a que se llegue a un acuerdo con los expropiados", señala el socialista Modesto Nolla. José María Erenas lo niega. "No tiene nada que ver que el jurado no resuelva el precio que se pagará a los afectados con que las obras no puedan comenzarse. Los trabajos se hacen. Si luego los afectados no están de acuerdo con la cantidad que se les concede, pueden acudir a los tribunales. Pero aquí no se ha parado nada".