El Jurado de Expropiación lleva cinco meses sin tomar decisiones por falta de presidente

Los expedientes de expropiación de más de 200 obras (1.200 afectados) tramitadas por la Comunidad de Madrid o por los ayuntamientos de la región están pendientes de resolución desde mayo en el Jurado Territorial de Expropiación Forzosa. Entre otras actuaciones, esperan resolución la expropiación de la estación de esquí de Valcotos, el tramo de la M-45 entre la N-II y O'Donnell y los nuevos barrios de Las Tablas y Montecarmelo. El último presidente del jurado, el magistrado José Félix Méndez Canseco, tuvo que dejar en mayo el cargo por "incompatibilidad" con su puesto en el Tribunal Superior, y desde entonces la Comunidad ha sido incapaz de nombrar un sustituto.

Destituido y nombrado

El Jurado Territorial de Expropiación Forzosa (formado por representantes de ayuntamientos, de la Comunidad y de colegios profesionales) fue creado en 1995 por ley. Su objetivo es establecer las cuantías económicas que deben recibir los afectados por una expropiación cuando entre el expropiante (la Administración) y el expropiado no existe acuerdo sobre la indemnización. Sólo atiende procesos de expropiación promovidos por la Comunidad de Madrid o por ayuntamientos, ya que los ejecutados por el Estado son resueltos por el Jurado Provincial de Expropiación.El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Jurado Territorial establecía que la presidencia debía recaer siempre en "un magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". Pero ese reglamento fue recurrido por unos particulares al considerar que no tenía por qué ser un magistrado quien lo presidiese.

Finalmente, en febrero del año pasado, un auto del Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los recurrentes y suspendió la orden de la Consejería de Obras Públicas que determinaba las competencias del jurado territorial.

Los jueces recordaron que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no podían formar parte de órganos autonómicos. La Comunidad, para salvar el escollo, aprobó, mediante la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 1999, que la presidencia del jurado de expropiación recayese a partir de entonces en "un jurista de reconocida competencia".

De esta manera, Méndez Canseco, que lógicamente, además de ser magistrado, es un jurista de "reconocida competencia", podría seguir siendo el presidente del jurado territorial. Así, el pasado 16 de marzo, fue destituido como máximo responsable del jurado de expropiación a causa de su condición de magistrado y nombrado siete días después para el mismo cargo por ser un "jurista de reconocida competencia, con más de diez años de experiencia profesional". Esa pirueta legal resolvía supuestamente el problema. Pero surgió otro imprevisto. Méndez Canseco preguntó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si podía compatibilizar su cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia con el de presidente del jurado de expropiaciones. La respuesta del CGPJ fue clara: "Es incompatible" al ser la presidencia del jurado "segunda actividad pública".

Las resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa están paralizadas desde entonces, ya que la Comunidad no ha encontrado a nadie para sustituirlo. El presidente cobra 7.000 pesetas por pleno. Se celebran cuatro o cinco al año

José María Erenas, director general de Suelo, explicó ayer que el nombramiento de un nuevo presidente "es inminente". Lo más probable es que se nombre a Manuel Delgado Irribaren, un magistrado jubilado de 74 años que no incurriría en incompatibilidades. Erenas destaca asimismo que los "expedientes no están paralizados, porque las comisiones se siguen reuniendo y resolviendo los asuntos". La consejería admite que los expedientes no están resueltos, "porque no se reúne el pleno ante la falta de presidente".

El diputado socialista Modesto Nolla denuncia la falta de capacidad del PP para resolver el problema: "El Gobierno regional ha cometido una grave irresponsabilidad por no haber nombrado aún a un sustituto para Méndez, por no hablar de los cientos de millones que tendremos que pagar los madrileños en intereses de demora por la paralización". Nolla asegura que cada mes de paralización origina unos intereses de demora de 24,5 millones.