España no va tan bien

I. Cuando afirmo que España no va bien, no me refiero a las dificultades coyunturales por las que atraviesa la economía española -y europea- como consecuencia de la subida del precio del petróleo. Hago referencia, por el contrario, a cuestiones más de fondo. Porque ¿qué criterios debemos utilizar para deducir si un país va bien o no? ¿El simple eslogan propagandístico lanzado un día por el presidente del Gobierno o más bien la evolución de la realidad social, en este caso en comparación con los otros países de la Unión Europea? No es suficiente, por tanto, constatar que España está "mejor que antes" en términos absolutos y sin relación con su entorno político, esto es, la UE. La metodología "absoluta" y "aislada" es deshonesta. Sólo es válido, en mi opinión, el método relativo y comparativo en su evolución. Ahora bien, ¿qué contenidos serían los más significativos para deducir a partir de ellos que España va más o menos bien? En mi opinión, serían esencialmente dos: los factores que determinan el bienestar actual de la población y las bases que garantizan el progreso futuro del país. Entre los primeros se encontrarían la evolución general de la economía y la evolución del Estado del bienestar; entre los segundos, básicamente, la formación en sentido amplio, la investigación y el desarrollo tecnológico. Pues bien, veamos cómo está España en algunas de estas cuestiones en relación con la media y con algunos países de la UE.II. Empecemos por la convergencia real con Europa en términos de PIB (producto interior bruto) por habitante. En 1986 estábamos en el 69% de la media de la UE; en 1998, en el 79%. Es decir, hemos avanzado 10 puntos en 12 años, a razón de 0,83 puntos por año. A este ritmo tardaríamos 25 años en alcanzar la media europea. Esta situación se agrava si analizamos los factores que determinan la productividad del sistema en relación también con la media de la UE. En el mismo periodo hemos pasado en capital físico del 68% al 74%; en el tecnológico, del 36% al 45%; en el capital humano, del 60% al 65%, y en el público, del 37% al 64%.

A este ritmo se tardarían 48 años para equipararnos en capital físico, 84 años para el tecnológico, 15 años para el público y 72 años para el humano. Avanzamos y nos acercamos a Europa, pero a paso de tortuga. Para alcanzar la media europea en el plazo de 10 años, España tendría que crecer dos puntos por encima de la media de la UE, cosa que no está sucediendo.

Este crecimiento económico ha generado empleo y, en consecuencia, el paro ha descendido considerablemente, lo que es muy positivo. No obstante, nuestro desempleo sigue siendo siete puntos superior a la media europea, con una tasa de actividad inferior, con una desocupación doble en las mujeres que en los hombres y con un nivel de temporalidad del 32,8% en 1999, muy superior al europeo, y con tendencia creciente en el sector público y decreciente en el privado.

Al tiempo que España crecía, aunque de forma insuficiente, los salarios han permanecido prácticamente estancados. De 1985 a 1999, los salarios han ganado 8,70 puntos en 15 años, lo que produce una media de 0,5 puntos por año. Esto significa que los aumentos de productividad han ido casi íntegramente a beneficios, y una parte de éstos, a inversión que crea empleo. En Europa, el crecimiento real de los salarios ha sido muy superior. Lo anterior se ha producido en el marco de una jornada laboral pactada en convenio para 1999 de 1.767,7 horas por año, o, lo que es igual, 38,7 horas a la semana, alejada de las 35 horas francesas y prácticamente igual a la que existía hace ocho años, en 1992. Todo esto unido a una siniestralidad laboral que es la más alta de Europa y que sigue creciendo. Los accidentes en 1995 fueron 626.268, y en 1999, 930.151 -es decir, un 40% más-, con 102 accidentes mortales más, con un coste económico del 3% del PIB y humano incalculable e irreparable. El 25% se debe al sobreesfuerzo de la mano de obra.

III. Si pasamos ahora a nuestro Estado del bienestar veremos que las cosas no son tan dulces como las pinta el Gobierno. Un criterio bastante objetivo para saber cómo estamos es el gasto en protección social en relación con la riqueza nacional; es decir, el PIB. La situación sería la siguiente:

España ha perdido tres puntos de 1993 a 1998, mientras Alemania, Francia e Italia lo han mantenido y Suecia lo ha aumentado. La media europea estaba en un 28,2 en 1997, mientras nosotros estábamos en un 21,4; es decir, casi seis puntos menos.

La conclusión es sencilla: España ha disminuido sus gastos sociales en cinco años en el 3% del PIB, cuando la media europea ha crecido en un 3% en el mismo periodo, y todavía se sostiene sin rubor que nuestro Estado del bienestar es demasiado caro y hay que reducirlo. No se dice nada, por el contrario, sobre el hecho cierto de que la factura por desempleo ha descendido en más de medio billón de pesetas de 1994 a 1999, al crecer el empleo, y ese dinero, en cambio, no se haya utilizado en otros capítulos del gasto social. Parece que a nadie se le ha ocurrido preguntarle al Gobierno por qué no lo ha hecho, quizá porque la respuesta es muy dura: ha reducido el déficit a costa de trabajadores y empresarios. La sanidad española está considerada como de las buenas en Europa, especialmente por el esfuerzo y competencia de sus profesionales, porque si contemplamos las cifras de gasto seguimos a la cola (salvo los siempre socorridos supuestos de Grecia y Portugal). Así, por ejemplo, en camas por 1.000 habitantes tenemos el 100% menos que Alemania y Francia y un 50% menos que Italia. En gasto sanitario sobre el PIB tenemos tres puntos menos que Alemania, dos puntos y medio menos que Francia y sólo nos podemos comparar con Inglaterra después del terremoto Thatcher. No obstante, si tomamos el gasto sanitario público por habitante, estamos a la cola, incluyendo a Inglaterra.

IV. Un país puede no tener una situación brillante en el presente, pero dedicar gran esfuerzo a preparar el futuro. No es el caso de España. El futuro se basa, esencialmente, en formación e I+D. Nuestro país no va bien en estos campos, lo que no quiere decir que no haya avanzado. Los gastos en educación respecto al PIB siguen por debajo de la media europea en aproximadamente dos puntos y el gasto por alumno (en dólares) es en Europa una media de 4,7, y en España, de 3,3, aumentando la diferencia en la educación postsecundaria, que está en Europa en 8,1, y en España, en el 4,9. Esto conduce, entre otras cosas, al preocupante fenómeno del fracaso escolar y a que el 33% de nuestros alumnos de 16 años se sitúe en el límite inferior de rendimiento, mientras en Euro-

pa la media se sitúa en el 20%, y no hablemos de las deficiencias de nuestras universidades y del conocido fracaso de la formación profesional. Si bien en los Presupuestos del año 2000 el gasto en investigación y desarrollo aumenta, pasando de 1,4 del PIB al 1,5, todavía se está lejos de los países avanzados de Europa, ya que todos dedican más del 2% del PIB a ese menester, lo que nos aleja cada vez más de la media europea, al ser este esfuerzo acumulativo.

Por eso tendría sentido que se manifestase una sana indignación ante el escandaloso hecho de que el Gobierno haya dañado el interés público al no obtener recursos adicionales de la subasta de la telefonía de tercera generación, como han hecho Francia y Alemania, que hoy debaten el destino que debe darse a los billones obtenidos por esa vía. En nuestro caso, se trataría de un supuesto de sublime incompetencia o de un acto de corrupción a gran escala, pues las explicaciones que ha dado el Gobierno hasta el momento no se sostienen. Esperemos que en los Presupuestos de 2001 y sucesivos se corrija en algo el entuerto.

Si a lo anterior sumamos una línea equivocada en política europea, más cercana a las tesis inglesas que a las franco-alemanas, lo que ha reducido el papel de España respecto a la época de los Gobiernos de González y, además, daña el interés de nuestro país; si en el tema vasco hemos retrocedido peligrosamente con relación a hace unos años, y no me refiero al terrorismo, cuya responsabilidad única es de ETA; que en el importantísimo asunto de la inmigración no se es capaz de tener una política de Estado y se propone una reforma regresiva de la Ley de Extranjería, y que la televisión española es la única de Europa en la que no se debate absolutamente nada -para empobrecimiento de la democracia-, no tiene ningún sentido decir que España va bien. La falta de oposición ha permitido muchas alegrías y trapacerías. Esperemos que a partir de ahora el nuevo equipo dirigente de Rodríguez Zapatero haga una oposición rigurosa y enérgica con alternativas y dejando los consensos para las cuestiones imprescindibles, que son muy pocas.

Nicolás Sartorius es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. Los datos que contiene este artículo están recogidos de la Memoria anual sobre la situación socioeconómica de España para 1999, del Consejo Económico y Social.