La demagogia de la privatización
Escuchando algunos de los argumentos que se vienen formulando en el debate público de los últimos días, uno tiene la impresión de estar trasladado 40 años atrás. El anuncio de nuevos modelos de gestión de los servicios sociales, realizado por el presidente de la Generalitat en su declaración de política general ante las Cortes Valencianas, ha provocado que algunos medios de comunicación y algunos dirigentes políticos retornen a un discurso trasnochado y obsoleto, más propio de los países de la órbita soviética antes de la caída del Muro de Berlín. Se anuncia el desmantelamiento de la red de prestaciones sociales propias del Estado del bienestar, y se califica cualquier participación de la iniciativa social en la gestión de los servicios públicos de salvaje y peligroso capitalismo.Es éste un discurso que, por cierto, de entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria ya sólo recoge Izquierda Unida, pues hasta el Partido Socialista, que también ha practicado exageradamente la demagogia con estas cuestiones, comienza a darse cuenta de que es preciso diseñar fórmulas nuevas de gestión de los servicios públicos.
Pero, según algunos, nos encontramos ante peligrosas amenazas. El Gobierno va a privatizar la sanidad, la educación y todos los servicios sociales.
Parece difícil imaginar que alguien pueda ser tan ingenuo como para creerse esos apocalípticos mensajes. Que a estas alturas se hable, por ejemplo, de que el Gobierno pretende privatizar la sanidad pública es un auténtico despropósito. No se ha privatizado ni un solo centro sanitario de los existentes en 1995. Lo que se ha hecho, por el contrario, es mejorar decididamente la red sanitaria pública, con más de 14.000 millones de pesetas invertidos, por ejemplo, en la ampliación y modernización de los hospitales de Castellón, Alicante y Orihuela. Desde 1995 se han construido también en la Comunidad Valenciana 80 nuevos centros de salud -todos ellos públicos-, y próximamente se va a inaugurar un nuevo hospital -el Hospital de la Plana, en Vila-real-, también de gestión pública. En un único caso se ha optado por la gestión privada de un centro sanitario a través del sistema de concesión: el hospital de Alzira, cuyos usuarios valoran muy positivamente, manifestando el 89% que volverían a acudir a ese centro. Pero algunos piensan que hay que decirles que no, que aunque les guste ese hospital no debería haberse hecho, que se ha adoptado una decisión errónea. Quienes así piensan se distancian absolutamente de las verdaderas demandas y preocupaciones de los ciudadanos.
Lo mismo cabe decir en el ámbito de la educación. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno valenciano desde 1995? Incrementar el número de unidades y el profesorado de los centros. Invertir más de 12.000 millones de pesetas para mejorar el equipamiento de los centros, y más de 40.000 millones para construir o adecuar un total de 133 colegios públicos. Ése es el camino por el que se va a continuar avanzando, con el compromiso de culminar la ejecución del mapa escolar en el año 2003.
Ahora bien, el compromiso por mejorar la sanidad y la educación pública es perfectamente compatible con el diseño de nuevas formas de prestación de los servicios, que mejoren su eficiencia en beneficio de los ciudadanos. Pero da la impresión de que, para algunos, prestar un servicio de más calidad a los ciudadanos no es lo más importante. Lo único importante es que todos los servicios públicos sean gestionados por la Administración pública. Y si alguien prefiere una concreta asistencia sanitaria en un centro privado, o quiere llevar a sus hijos a un determinado colegio que no es de titularidad pública, que lo pague. Y si no tiene dinero para pagarlo, que se fastidie y pase por el aro. Así de duro. Ese es el tipo de razonamiento que no estamos dispuestos a admitir. No existe ninguna razón para pensar que financiación pública y gratuidad para el ciudadano tenga que suponer la exclusiva prestación de los servicios por la Administración pública. Naturalmente, salvo que se quiera anular la libertad y decirle a todos los ciudadanos lo que deben hacer, como ocurría en los sistemas de corte soviético.
A algunos les preocupa de un modo obsesivo que los servicios públicos sean prestados siempre por la Administración. A los ciudadanos, lo que realmente les importa es que los servicios sean prestados con la máxima calidad, y sin coste económico para ellos. Eso es lo que, desde 1995, está haciendo posible el Gobierno valenciano.
Antonio-Luis Martínez-Pujalte es director general de Desarrollo Autonómico y Relaciones con el Estado de la Generalitat Valenciana.
