Los implicados en la supuesta trama china pagan la fianza

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Los dos principales implicados en la supuesta trama china que falsificó documentos para legalizar a inmigrantes de esta nacionalidad en la provincia de Cádiz eludieron ayer su ingreso en prisión tras abonar la fianza, de medio millón de pesetas, impuesta por el juez que instruye el caso. La medida cautelar de privación de libertad afectaba al empleado municipal del Ayuntamiento de Cádiz, José Antonio Gómez Castro, y al agente comercial y ex militante del PP, Manuel Bueno Grimaldi. Ambos quedaron en libertad con cargos. El juez les imputa como supuestos autores de un delito continuado de falsificación de documento público. Al primero, Gómez Castro, como autor material, y a Bueno Grimaldi, como cooperante necesario. El empleado municipal ratificó el lunes ante el juez su primera declaración a la policía. Reconoció que introdujo observaciones en los certificados de residencia de algunos inmigrantes chinos. El agente comercial supuestamente hacía de enlace entre los inmigrantes chinos y el trabajador municipal.

Los dos depositaron ayer la fianza tras agotar el plazo de 72 horas establecido por el juez. Según afirmaron los abogados que ejercen sus defensas, ambos encontraron numerosas dificultades para reunir la cantidad de dinero ordenada.

El empleado municipal, que está suspendido de empleo y sueldo, recurrió a la comunidad de la religión mormona a la que pertenece, mientras que el agente comercial, que cobra una pensión de invalidez de 50.000 pesetas, recibió el dinero de sus familiares más cercanos.

Al mismo tiempo, los abogados de estos dos implicados presentaron sendos recursos contra el auto de prisión y la imputación del juez. Javier Carnerero, letrado del empleado municipal, calificó el auto de "excesivo". Defendió la inocencia de su cliente y responsabilizó nuevamente al Negociado de Estadística del Ayuntamiento de que no cotejasen las observaciones que introdujo el empleado municipal. "Es el último mono de una cadena y no se puede criminalizar a mi cliente por el funcionamiento anormal de la Administración", sostuvo Carnerero, quien criticó también que su cliente, que fue contratado como conserje, fuese destinado con funciones administrativas para expedir certificados municipales.

Por su parte, el abogado de Bueno Grimaldi, Juan Butrón, recurrió también el auto del juez y mostró su malestar por esta resolución judicial. "Es una barbaridad", criticó.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cádiz, Francisco Javier Martínez Derqui, resolverá sobre ambos recursos a mediados de la semana próxima, según informaron fuentes judiciales.